De la familia del general Coronado

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por el alcance de la edición impresa del 30 de octubre de 2008 y la del 2 de noviembre de 2008.

En la primera de esas ediciones, en primera página, se publica una foto del General Paulino Coronado, acompañada del titular “¡Qué vergüenza!”. En la segunda, en la sección “sube y baja”, se publica una foto del General con la afirmación: “En total 27 militares, entre ellos tres generales y varios coroneles, fueron retirados del Ejército por su presunta participación en los vergonzosos casos de desapariciones”.

Es sabido por ustedes que la libertad de prensa en Colombia se encuentra garantizada, pero no es una libertad absoluta dada la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. Dicha responsabilidad halla sus fuentes en el derecho, tutelable, a recibir información veraz e imparcial que todos los colombianos tenemos, que obliga a los medios a que observen un “…nivel de precisión y rigor técnicos suficientes para evitar que sus informaciones sean mal comprendidas…” (Corte Constitucional, T-1000 de 2000: M.P Vladimiro Narango).

Las comentadas ediciones, por medio de dicha foto y textos, fácilmente pueden llevar a que cualquier lector dé por hecho que el señor general fue sindicado de algún crimen, cuando la medida adoptada por la Presidencia tiene un carácter estrictamente administrativo. En ese sentido, además se atenta contra el derecho al debido proceso que tiene el general  y la presunción de inocencia que lo acompaña.

De igual manera, dicha responsabilidad de los medios implica el respeto por los derechos fundamentales, tutelables, al buen nombre y a la honra, que no solo se encuentran garantizados por la Constitución, sino por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y por Pacto de San José de Costa Rica. Consideramos que las aludidas ediciones atentan contra dichos derechos en la  persona del General y de su familia y esperamos que comprenda los perjuicios morales y sociales que ya se nos han generado.

Javier Darío Coronado y Juan David Coronado. Bogotá.

Respeto con los opitas

Soy asiduo lector de El Espectador desde su regreso a la edición de todos los días, porque lo siento cercano y protector de mis intereses. Sin embargo, en el día de hoy me sentí insultado por ustedes cuando, por hacer un chiste, decidieron ponerle el título “A ritmo opita” a una nota política sobre el “trancón” que se viene dando en el Congreso de la República. Me extraña, además, porque celebré como el que más la llegada a esa casa de un defensor de nuestros intereses, precisamente a la redacción política, la del joven periodista Carlos Murcia, heredero innato de uno de los mejores hijos de esta tierra opita, el inolvidable Carlos Murcia Cadena. Me extraña que Murcia Jr. haya dejado pasar ese insulto a los opitas, solamente porque a la cabeza del Congreso está ahora otro hijo de esta tierra, como si la culpa fuera solamente de él y, por contera, de todos los que nacimos en el Huila.

Rosendo Polanía Neiva.

De amantes, pensiones y demás

En este país de violencia intrafamiliar no se castiga con rigor. Los maltratos físicos y morales causan males mayores a los afectados debido al abandono del hogar. En el caso de los pensionados, por ejemplo, es improcedente que los integrantes de un ente judicial premien con el 60% de la mesada a la esposa infiel y en cambio a las amantes que tras diez, veinte, treinta, cuarenta y sesenta años de acompañar con amor a los varones separados, ayudándolos a superar penas en las buenas y en las malas para rehacer sus vidas, se le fije el 40% tal como se anunció por televisión con bombos y platillos. A esas personas vagabundas, viciosas y corrompidas, darles el tratamiento que se merecen, pero sin alcahuetear sus actos impúdicos con dádivas ostentosas en desmedro de los intereses y buen comportamiento, repito, de las amantes honestas a quienes se les debe dar la totalidad de las mesadas de los fallecidos. Muchas separaciones se han causado observando la ley, pero lo triste de todo es que numerosos hogares, hoy desechos, se constituyeron en artículo mortis, cuyos actores, después de un tiempo, como los lobos, volvieron al monte a confundirse en las oquedades verdes con la prostitución, los vicios y las maldades en sus más variados aspectos. ¿Por qué, pues, ese afán judicial en concederles a los causantes del desastre matrimonial el derecho a un beneficio? Y el señor presidente, caracterizado por la sensatez, debería librar a miles de jubilados de las cuotas moderadoras. De igual manera, bajar del 12% al 8% los aportes a la salud, especialmente aquellos afiliados que están por debajo de los dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) y que en los sucesivo no haya pensiones inferiores a este valor.  Que en este campo se actué tan diligentemente, como ocurre con las altas recompensas en dinero, dadas a quienes han matado a miles de seres indefensos y destruido poblaciones.

Graciliano Martínez Riverón. Fusagasugá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com