Uno de los miles de lectores de su prestigioso diario preguntaba el 11 de junio de 2009 “¿cuánto vale un concejal?”, reconociendo que estaba en un dilema para encontrar una respuesta a las inquietudes que le surgían sobre los parámetros con los cuales las autoridades fijaban el valor de recompensas para quienes colaboren con las gestiones de capturar a quienes amenazan, secuestran o asesinan a servidores públicos como los concejales.
Para ilustración de su corresponsal y de todos sus lectores, quiero señalar que para el Gobierno Nacional, en el fiel cumplimiento de su obligación de garantizar el respeto a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos, no mira la condición social o política de los afectados ni menos poniendo tarifas de recompensas ante los crímenes que se cometen contra los ciudadanos.
El Gobierno Nacional censura rotundamente el secuestro de cualquier persona y exige la pronta liberación, sin condiciones, de quienes han sido víctimas de esta atrocidad.
El secuestro es un acto de terrorismo así como una violación del derecho internacional humanitario, lo ha dicho repetidamente esta Administración.
De la misma forma, actúa con energía y fortaleza, a través de la Fuerza Pública, para capturar y poner a recaudo de la justicia a los responsables de actos criminales contra los servidores públicos, como lo ha presenciado el país ante los aleves ataques contra líderes de elección popular, como los concejales, que son la representación más cercana del pueblo.
La base de las recompensas que se ofrecen a quienes colaboren en la búsqueda y captura de los criminales surge directamente de cada autoridad local, con la Policía y la Fuerza Pública, según las circunstancias, pero no dependen de un valor específico que se dé a una persona por su condición o a una acción criminal por su atrocidad.
Para el Gobierno Nacional, la vida de ningún ciudadano de bien tiene precio.
Toda persona honesta, trabajadora y cumplidora de sus deberes es valiosa y la necesita el país para salir de esta oscura noche del terrorismo.
Viviana Manrique Zuluaga.
Viceministra del Interior. Bogotá.
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