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Las empresas Wackenhut de Colombia S.A. y su transportadora de valores, Group 4 Securicor, han solicitado a El Espectador rectificar afirmaciones que se hicieron en el artículo “El búnker de La Línea”, publicado en nuestra edición del pasado 8 de noviembre, en tanto en él se informaba que “el comité evaluador de la licitación del túnel trabaja en una fortaleza que el Invías contrató con Wackenhut”, que “dos vehículos de la compañía Wackenhut recogen a 17 personas” cada mañana, y que se ilustra la información con una fotografía de la sede de esa transportadora de valores.
El director de Invías, Daniel García Arizabaleta, fuente principal consultada para dicho artículo, al ser confrontado por El Espectador ante esta queja, explicó que se equivocó al suministrar el nombre de la empresa a la cual se le arrendó una oficina para instalar allí el búnker donde funcionaría por un mes y medio el comité evaluador de la licitación del túnel de La Línea.
García explicó que era tan secreto el tema, para garantizar la transparencia del proceso, que se equivocó. La persona del Invías que se encargó del tema le comentó a García que el búnker estaría en una empresa de peajes y él asegura que supuso que se trataba de Wackenhut, cuando en realidad era Thomas Greg.
Ofrecemos nuestras disculpas a las empresas afectadas por este error en que nos hizo incurrir una fuente de primera mano sobre el proceso licitatorio del túnel de La Línea.
Mudanza…
Hace 170 años los indígenas que habitaban la región de Norteamérica fueron desplazados de sus tierras por los colonos blancos que se habían independizado y ahora buscaban más territorios como sustento del Estado-Nación que pretendían construir.
El plan “Mudanza” fue liderado por un comerciante, negrero y especulador inmobiliario, que en 1812 fue un héroe de guerra, Andrew Jackson. Lo que se pretendía, además de apoderarse de la tierra, era abrirse a la agricultura, al comercio, al dinero y al desarrollo de la economía capitalista. La mayoría de los indígenas que habitaban Georgia, Mississippi, Nueva York, Alabama y Florida fueron desplazados forzosamente al Oeste. Los blancos se apropiaron de sus tierras y de su ganado, vendieron alcohol para acabar con la resistencia de los indios, dividieron sus tierras en propiedades minifundistas para acabar con el sistema comunal de propiedad que éstos tenían y mataron la caza que necesitaban para sobrevivir; a los que se opusieron a este proceso, los apalearon drásticamente. Se establecía que quien quisiera vivir en estas tierras debía acomodarse a las nuevas reglas dejando atrás sus derechos personales y tribales.
Al parecer, en Colombia la situación de los indígenas no ha cambiado mucho. Los militares, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes los desplazan constantemente de sus tierras, obligando a los que decidan quedarse, a vivir bajo reglas impuestas, renunciando a sus modos de vida comunitarios, sometidos a maltratos y vejaciones.
Según Feliciano Valencia, líder indígena del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), la legislación propuesta por el Gobierno está dirigida a abrir paso a empresas multinacionales que tengan mayor productividad de la tierra para promover la competitividad y darle así al país un mejor lugar en el mercado, apartándolos de esta manera de su fundamento máximo como cultura. En la expedición del decreto 982 en 1999, el Gobierno acordó entregar 218.000 hectáreas de tierra en el término de 10 años, pero dicen que, hasta hoy, el Gobierno no ha entregado ni siquiera 1.000 hectáreas de tierra, la misma irresponsabilidad y falta de compromiso con que los gobiernos firman acuerdos que no van a cumplir.
El establecimiento de monocultivos en terrenos que son de los más nutridos del país, la extinción de los resguardos indígenas por la ineficiencia de la reglamentación en los planes de ordenamiento territorial y el desconocimiento por parte de las autoridades de la validez que tienen los territorios indígenas en el proceso para asignar nuevos títulos de propiedad, son ejemplos claros de la situación en que se encuentran los indígenas en Colombia. No se trata de defender todas las demandas que hoy exigen los indígenas, se trata simplemente de reconocer su existencia y sus derechos, como cultura y como individuos que componen la nación colombiana.
200 años después de una lucha constante por establecer las instituciones democráticas que garanticen la libertad, la igualdad y el derecho a la vida, los indígenas siguen persistiendo para ser oídos e integrados a una sociedad que hasta el momento no ha podido dar una solución clara al respecto.
A diferencia de los colonos norteamericanos, hoy contamos con instituciones más avanzadas y por lo tanto es un deber, en nombre de los valores democráticos, abrir un espacio de solución a estos problemas. Es una cuestión de disposición y compromiso. El reto será no caer en el mismo destino en que terminaron los indígenas de Norteamérica en 1829, pues entonces estaríamos presenciando la extinción del 95% de la cultura indígena, en este caso confirmando que somos un Estado de 178 años pero subdesarrollado.
Diego Felipe Puentes. Bogotá.
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