La semana pasada se presentó en el Congreso el proyecto de ley de la reforma tributaria. Mucho se ha discutido sobre los diferentes impactos en la economía, las empresas, las personas naturales, etc. No obstante, esta reforma tributaria busca por primera vez gravar a la economía digital de manera directa, en particular a las empresas foráneas que prestan servicios de Internet desde el extranjero.
El proyecto de reforma tributaria pretende que una empresa que tenga ingresos por la venta de servicios o bienes en el extranjero pague el impuesto de renta, como si estos fueran ingresos de fuente nacional. Esto funcionaría con la ficción de que estas empresas, si bien no tienen ningún tipo de presencia local, tendrían una presencia económica significativa. Para tener una presencia económica significativa se requiere que (i) obtenga ingresos brutos de treinta y un mil trescientas (31.300) UVT o más durante el año gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia; o (ii) utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano (.co); o (iii) mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con trescientos mil (300.000) o más usuarios colombianos durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos (COP) o permitir el pago en pesos (COP).
Este proyecto cuenta con falencias técnicas que dificultan su aplicación y gravan de manera desproporcionada los servicios tecnológicos, dado que no tiene en cuenta las realidades de los servicios digitales (por ejemplo, entre otros, no existen páginas web de nacionalidad colombiana o el .co no representa necesariamente a una empresa con presencia económica en Colombia). Los criterios para definir la presencia económica significativa harían, en esencia, que cualquier empresa del mundo tuviese que pagar impuestos en Colombia por ingresos atribuidos a dicha “presencia económica significativa”.
El debate de cómo debe ser la tributación de las empresas globales en la economía digital ha sido largo y complejo, y es un reto para los sistemas fiscales. Desde hace unos años, la OCDE ha venido buscando consensos en la reforma del sistema internacional de impuestos a sociedades y corporaciones en la economía digital global, para garantizar un marco duradero para el comercio y la inversión transfronteriza y evitar nuevas medidas fiscales unilaterales no coordinadas, justo para evitar medidas como las propuestas en el proyecto de reforma tributaria.
De acuerdo con la OCDE, “[l]a ausencia de una solución basada en el consenso conduciría probablemente a una proliferación de medidas fiscales descoordinadas y unilaterales (por ejemplo, impuestos sobre los servicios digitales) y a un aumento de los perjudiciales conflictos fiscales y comerciales. Esto socavaría la certidumbre fiscal y la inversión y también daría lugar a costes adicionales de cumplimiento y administración”.
Estos modelos trabajados en la OCDE deben resultar en convenios multilaterales para ser discutidos dentro de un corto-mediano plazo. Colombia como miembro de la OCDE debería seguir siendo parte de estos debates coordinados y no tomar medidas unilaterales generando posibles disputas comerciales que podrían perjudicar aún más la economía colombiana y la relación con sus aliados comerciales.
Finalmente, este proyecto también vulnera el TLC con los EE. UU., en tanto este tratado establece que no se podrá exigir a ningún proveedor establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa, o ser residente en su territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio. Este proyecto, así, disfraza con un nombre diferente la exigencia de establecer “cualquier otra forma de empresa” en Colombia. En la práctica, la presencia económica significativa obliga a los proveedores de servicios digitales de otros países, como son las plataformas tecnológicas, a tributar como si tuvieran un establecimiento permanente o una sucursal en Colombia.
* Socio de CMS Rodríguez-Azuero