Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las alegadas relaciones de Manuel Cepeda con las Farc y el hecho de que un frente de esa organización armada lleve su nombre no legitiman al Estado para ejecutar a ninguna persona elegida por el pueblo para ejercer un cargo público.
Sólo si Manuel Cepeda estuviera vivo se podría discutir y hasta alegar judicialmente su relación con las Farc, pero su muerte lo eximió de todos esos cargos. No se puede juzgar a nadie que no pueda defenderse ni responder a los cargos que se le imputen.
Colombia no ha sido condenada porque Manuel Cepeda simpatizara con las Farc, Colombia ha sido condenada por su muerte. Aquí hay que considerar dos cosas muy importantes. Una, que cualquier crimen cometido por miembros activos del gobierno es un crimen de Estado; y dos, que el Estado debió ser el primero, y no ninguna jurisdicción internacional, en investigar y hallar culpables.
El Gobierno no puede aparecer con el chorro de babas de que el hecho de que unos miembros del Estado cometan un crimen, no califica como un crimen de Estado. Eso sería como decir que en todos los crímenes cometidos por miembros de las Farc, las Farc no tienen ninguna responsabilidad. Ellas tampoco investigan, destituyen ni condenan rigurosamente a sus miembros que cometan crímenes. Pero ese razonamiento sólo agrava la responsabilidad del Estado colombiano.
Si Colombia quiere limpiar su imagen de ser un país alcahueta donde cualquier criminal del Ejército o del Gobierno, condenado por la justicia, es defendido por el mismo Presidente de la República, y de ahí para abajo, tiene la oportunidad de demostrar lo contrario con el caso de Manuel Cepeda.
El Estado colombiano tiene que salir de su contradicción de que va a responder por un crimen de Estado que no cometió. Colombia sólo tiene dos alternativas: no cumplir con la sentencia, porque es absurdo que alguien cumpla con una sentencia que no merece; o cumplirla, precisamente porque es un crimen de Estado y el país quiere dejarlo en el pasado.
José María Rodríguez González. Cali.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
