Los analistas intentan comprender nuestra realidad política con un repertorio bien conocido de manidos conceptos: desorden y debilidad institucional, solapado autoritarismo, complots del paramilitarismo.
A todos en el fondo les cabe algo de verdad. De hecho, la frágil convivencia de poderes establecida por la Constitución de 1991 fue disuelta por la aprobación de la reelección presidencial. La popularidad del Presidente ha trastocado la vida de los partidos políticos y sólo él determina los temas de la agenda política. La Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo se han trenzado en una ominosa trifulca de calumnias y culpabilidades.
No obstante, estas aparentemente nuevas condiciones, hay un referente que parece inherente a nuestra vida política. Se trata de la sucesión interminable de escándalos de corrupción, al que están condenados sin excepción los altos funcionarios gubernamentales. Tras un escándalo sólo cabe esperar el advenimiento de uno nuevo. Ayer el hermano de la Canciller fue investigado por connivencia con el paramilitarismo; hoy el hermano del Ministro del Interior está detenido por sus alianzas con el narcotráfico. Esto es hoy, pero antes se trataba de quienes habían recibido dineros del cartel de Cali y así sucesivamente. Al principio no hay responsabilidades políticas, pero con el tiempo uno tras otro de los implicados se ve obligado a la renuncia o es destituido, y termina cayendo en el ostracismo político.
Este bestiario político es espantoso y genera una sensación de desorden y corrupción. Pero hay un hecho esencial que atraviesa el fenómeno. A la luz de esta realidad ineludible, la política se convierte en una discusión en torno a un inacabable conjunto de expedientes judiciales: ¿sabía o no sabía?, ¿debe o no debe renunciar? Esta discusión, acalorada y enfática ni siquiera es ordenada, porque ninguna se concluye. El escándalo del día que capta toda la atención y hace desaparecer el antiguo, pronto perderá su audiencia, porque el sobrino de este o aquel ministro será investigado por lavado de activos o porque la Fiscalía filtrará las grabaciones telefónicas del hermano de este o aquel congresista en las que queda claro que es un homicida.
No hay forma de extraerse del escándalo. Después de todo, de qué otra cosa puede discutirse. ¿Del pobre crecimiento de la economía?, ¿del costo de los combustibles y las materias primas?, ¿del grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo? Nada de eso produce el sinnúmero de bajas pasiones políticas que produce el escándalo.
Ahora bien, con esta situación de escándalo recurrente los únicos beneficiados parecen ser los periodistas, porque el amarillismo político es una eficaz y sorprendente máquina de producción de titulares de prensa.
Carlos Benavides. Bogotá.
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