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El tema del empleo tiene tantas miradas, como ojos existen.
Ciertamente, el Estado colombiano es inviable: las altísimas pensiones de congresistas, presidentes y jueces fallecidos son constantemente heredadas por sus familiares. Luego, los sindicatos de empresas públicas reciben pensiones y beneficios realmente dañinos para las oportunidades laborales de los nuevos egresados. Este temor a las famosas “prestaciones sociales” y a nuevos y voraces sindicatos (un empleado con salario mínimo cuesta al mes más de $850.000 a su empleador) ha llevado a miles de entidades a contratar por “prestación de servicios”. Sin embargo, no existe una sólida legislación que permita resolver los inconvenientes expuestos por la columnista Tatiana Acevedo el sábado pasado: ausencia de créditos, demoras en los pagos, manía de tramitologías, caprichos de “asistentes de contabilidad”, más un largo etcétera.
Sin embargo, me gustaría leer en una columna de opinión sobre la real situación para un empleador:
1. Un “empleado” que tiene todos los “beneficios de ley” constantemente termina transformándose en un “problema”. Los sindicatos (históricamente hablando) han consumido los ingresos de las empresas, hasta prácticamente convertirlas en entidades poco rentables.
2. La formación profesional actual es patética: profesionales que cometen errores ortográficos (aún con la inmensa cantidad de recursos tecnológicos), que no saben siquiera redactar, analfabetas funcionales que leen pero que no comprenden lo que leen, sin capacidad de autocrítica ni intención de mejorar, sin ningún respeto por las normas ni compromisos elementales como la puntualidad. Peor aún, los errores cometidos cuestan dinero a la empresa y si el empleador decide terminar la relación laboral, está obligado a “indemnizar” al empleado.
3. El sistema actual: sea como sea, una empresa tiene que ser “rentable”. Ser “rentable” significa ganar concursos, clientes, mercados, licitaciones, etc. Pero ganar significa que otros pierden.
Me permito, entonces, incentivar a los columnistas para que orienten sus columnas hacia estas realidades del Estado colombiano: la carga pensional politizada en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (ojalá pudiéramos los colombianos saber cuánto nos cuestan esos privilegios de muy pocos), la bajísima calidad de formación profesional, el exceso de oferta de carreras de baja demanda laboral por universidades públicas y privadas, sin ningún control, y el sistema actual de contratación, al menos, el sistema público, que ha terminado en manos de los mismos de siempre (eso que ahora llaman el carrusel de contratación en el Distrito Capital).
Carlos Lamas. Bogotá.
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