El artículo del viernes 14 de agosto en El Espectador, “Eldorado no brillará en 2012”, reitera tres puntos que Opaín y la Aerocivil han convertido en propósito común: demoler, demoler y demoler. Primero, hay que demoler la terminal actual porque sólo así Bogotá tendría el aeropuerto que se merece.
Segundo, la indecisión del comité encargado del sí o no a la demolición es la culpable del retraso de las obras. Tercero, si no se tumba, habrá que reforzar el edificio, perturbando la operación aérea. Aclaremos:
Un aeropuerto adecuado es lo mínimo que todos esperamos, pero concesionario y propietario vienen en carrera de relevos apuntalando en la opinión pública que tumbar es un imperativo para lograrlo.
No es cierto que la conservación impida la construcción del Nuevo Eldorado, y nadie cuestiona la necesidad de prescindir de los espolones y las áreas para comercio y manejo de carga; el llamado se dirige a la conservación del conjunto Sala de recibo-Bloque de oficinas-Torre de control, y a la integración de esta parte al nuevo proyecto.
La edificación a conservar tendría que reforzarse como lo exige el código antisísmico; pero esto se haría cuando la nueva terminal permita una operación dos o tres veces mayor a la actual, y no antes. Incluso, el reforzamiento lo podría hacer la eventual cadena hotelera, o la eventual institución pública que se hiciera cargo del anciano y su reutilización. Dentro del plan del Nuevo Eldorado, el mejor uso para el viejo edificio seguramente no será el de terminal aérea, tal como la casa de doña Adelaida de Nieto-Caballero, ya no puede ser la casa de doña Adelaida de Nieto-Caballero.
Opaín y la Aerocivil aluden por igual a un vejestorio, al tiempo que eluden admitir que el Nuevo Eldorado sería el mismo edificio que ya está diseñado, pero con seis cupos adicionales de estacionamiento, ubicados precisamente en el lugar del incómodo Bien de interés cultural.
Opaín persigue evitar las multas generadas por los retrasos, para lo cual lo más efectivo es pasar la culpa a otro; en este caso a los Amigables componedores y al Memorando de entendimiento con los que nos vienen embolatando desde septiembre de 2008.
Si bien parqueos de más y multas de menos serían razonables en términos de negocios, son cuestionables cuando parte del precio es un patrimonio cultural.
La estrategia persigue un logro mayor al aumento de seis parqueos y unos millones de menos en multas: el premio gordo de doce años más de concesión. ¡No dos, sino doce! Es decir, un edificio anticuado menos, a cambio de doce años más de operación para Opaín.
Juan Luis Rodríguez. Bogotá.
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