Somos una nación con vocación agrícola. Tenemos 11,3 millones de hectáreas aptas, el 65 % de ellas sin aprovechar. Es decir, apenas usamos el 35 % de los suelos, mientras miles de compatriotas se acuestan sin nada que comer. No podemos seguir siendo indiferentes ante semejante realidad.
Se requiere con urgencia una nueva reforma agraria que garantice la seguridad alimentaria. No se nos olvide que el país suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ante la ONU, lo que significa que nos comprometimos a erradicar el hambre antes de 2030.
Pero no es el único tema pendiente en la agenda nacional. Recordemos que en Colombia existen entre 2’000.000 y 2’500.000 predios sin formalizar. Estos inmuebles representan el 70 % del total de matrículas inmobiliarias y se concentran fundamentalmente entre los campesinos micro, mini y pequeños propietarios de tierra (89 % del total) o poseedores de predios privados por su explotación económica (artículo 142, Ley 200 de 1936).
En este sentido, si bien se han estudiado distintas iniciativas en el Congreso para formalizar la precaria propiedad de los campesinos, no ha sido posible llegar a un consenso que nos permita contar con una ley definitiva que de manera sencilla nos ayude a arreglar esta problemática.
El objetivo: que podamos resolver el evidente conflicto que surge de lo dispuesto por la Sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional sobre acceso a las acciones legales establecidas para solucionar la informalidad y titulación por falsa tradición y por posesión.
Asimismo, se requiere de una mayor presencia territorial de la Agencia Nacional de Tierras, que actualmente adolece de cobertura y competencias en todos los departamentos. En los que cuenta con unidades territoriales, estas están centralizadas generalmente en las capitales, causando mayores limitaciones para la atención a los campesinos localizados en poblaciones distantes.
Y hablando de territorios alejados, acaso olvidados, la Nación tiene que apalancar —con recursos suficientes del Presupuesto Nacional— el desarrollo de vías terciarias para que puedan circular los alimentos que se producen en el campo.
En las condiciones actuales, eso es una odisea, si se tiene en cuenta que apenas está pavimentado el 5 % de los 140.000 kilómetros que conforman la red vial terciaria. Las veredas necesitan conectarse con los municipios a través de carreteras en condiciones aceptables para el tránsito de personas y productos.
Ahora bien, para que la producción resulte rentable, hay que permitirles a nuestros campesinos el acceso a insumos de calidad, pero a precios asequibles. Por esa razón pedimos que se fijen controles a su elevado costo.
Es el momento de rodear a los miles de hombres y mujeres que trabajan cada día para que llegue alimento a nuestras mesas. Como legisladores, la mejor muestra de gratitud hacia ellos es promulgar una ley que sea generosa con sus bolsillos, bolsillos que —hay que decirlo— no soportan un alza más.
Sé que hablar de reforma agraria pasa por sentar en la misma mesa a muchos actores. Hay que empezar esa gran conversación nacional con todos los sectores. Tan solo quedan nueve años —es decir, dos períodos legislativos y dos períodos presidenciales— para llegar a la ONU en 2030 con la tarea bien hecha.
* Senador de la República. @MigueBarretoC