Independencia para elegir al Fiscal

El comentario editorial “La Constitución y la elección del Fiscal”, aparecido en El Espectador el domingo pasado, da las bases para indicar que la situación jurídica para este procedimiento se ha “empantanado” por más de tres meses.

La situación va de mal en peor y efectivamente la cordura y la independencia deben ser los derroteros del Presidente y los miembros de la Corte Suprema de Justicia; y a lo anterior se debe agregar la autoridad.

Los colombianos hemos visto que en materia de cordura el que ha fallado ha sido el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, al igual que otros miembros del Gobierno como el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, pues los voceros de la Corte Suprema de Justicia se han limitado a decir que la terna es inviable, o sea, no viable. Con la posición o decisión de la Corte está plenamente establecida la autoridad y, además, la independencia que debe existir entre los poderes del Estado.

Ahora bien, es razonable que en el cargo de Fiscal General de la Nación esté una persona que además de idónea sea experta en derecho penal y si el nombramiento recae en un abogado sin mayor experiencia, así serán las decisiones de los demás miembros del cuerpo encargado de hacer justicia frente al crimen y la impunidad.

Por lo tanto, sí es viable el serio y puntual razonamiento expresado por el periódico en el sentido de que hay que hacer un llamado para que prime la cordura y Gobierno y Corte puedan trabajar en forma independiente pero armoniosa.

 Jorge Giraldo Acevedo. Santa Marta.

Ataques a la justicia

Ante las arremetidas infamantes del Gobierno contra la Corte Suprema, el XII Encuentro de la Justicia, celebrado en la apacible ciudad de Paipa, no pudo ser un mejor escenario para que el alto tribunal dejara sentada su firme postura ante lo que considera, con fundadas razones, las intromisiones del Ejecutivo no sólo en la Rama Judicial, sino en el Legislativo. Acciones de mala fe que conllevan a poner en entredicho la independencia de los jueces y a soslayar igualmente las verdaderas causas de la enorme crisis de la justicia en Colombia. Todo ello más que previsible, si se tiene en cuenta el proverbial trato de segunda dado por el Gobierno del presidente Uribe a las relaciones interinstitucionales con el sector judicial, como lo ratifican de nuevo las declaraciones del controvertido mininterior Valencia Cossio, para quien poco o nada importa un Ministerio de Justicia que coordine los enormes retos del Estado en procurar a los colombianos un real acceso a la justicia y a combatir en forma decidida la escandalosa impunidad.

 Ramón Francisco García S. Ocaña.

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