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La reforma a la justicia se ha convertido desde siempre y cada vez que asume los destinos del país un nuevo gobernante, como el tema central del debate y la panacea de todos los programas a implementar durante el cuatrienio.
Sin embargo, desde la Constitución de 1991, que trajo un ramillete de reformas a la judicatura, tales como la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, al igual que instituciones novedosas como los jueces de paz, la acción de tutela y las acciones populares, entre otras —a excepción del Consejo Superior, considerado como “elefante blanco”—, se han ido decantando con el devenir de su accionar, sin que se requiera de mayores transformaciones en ninguna de ellas.
Además, con la Ley 906 de 2004 se puso en marcha en Colombia el Sistema Acusatorio, traído fundamentalmente de la escuela anglosajona, que si bien cambió de tajo la estructura y el desarrollo del proceso penal, lo cierto es que ha sido una verdadera entelequia, toda vez que los recursos aportados por los gobiernos resultan insuficientes para cubrir la excesiva demanda de justicia.
A lo anterior se suma la Ley 1395 de 2010, que habla de la Descongestión Judicial e implanta la oralidad en las jurisdicciones civil y laboral, lo cual comporta una infraestructura y adecuación de suficientes salas de audiencia y sistematización de las mismas, que debe empezar a funcionar a partir del año 2011, cuyas instalaciones no se encuentran en condiciones apropiadas, circunstancia que pone de relieve la improvisación y falta de planeación del ente encargado de administrar los intereses de la Rama Judicial, por lo que se avizora un fracaso más en los intentos de reforma.
Es por ello que, sin entrar a hacer un diagnóstico de fondo de los problemas que agobian al Poder Judicial de Colombia, resulta cierto que la enfermedad de la judicatura no está en sus servidores ni en las normas que éstos por imperio de la ley aplican, sino en el Estado, que ha mantenido a la justicia como la “cenicienta”.
Orlando Morales. Bogotá.
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