Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Al editorial del domingo 21 sólo le faltó hacer una simple operación aritmética, basada en las cuentas del Gobierno sobre el costo que significaría para el erario la inclusión de las víctimas de los agentes del Estado involucrados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Simple: si el costo aproximado de las reparaciones a las víctimas de los paramilitares y la guerrilla sería de 22.1 billones de pesos y el costo aproximado, si se incluyen las víctimas de los agentes del Estado, sería de 76 billones de pesos, las víctimas de estos últimos doblarían a las víctimas de paramilitares y guerrilla. Es una confesión de parte, sin arrepentimiento, de los miles de colombianos a los cuales el Estado les ha violado sus derechos fundamentales.
Alfonso Cano Isaza. Bogotá.
Caricatura polémica
La caricatura del viernes pasado de Chócolo me parece una falta de respeto enorme contra el Presidente. Está bien que en Colombia haya libertad de expresión, pero equiparar otra candidatura de Uribe para Presidente a una para la CPI, es el colmo. Por qué en vez de hacer esta caricatura, no dibuja al Mono Jojoy y a sus secuaces, que son los verdaderos candidatos para esta proclamación, sobre todo en el caso de los Diputados del Valle. Parece que a nadie le importaran los victimarios.
María Emilia Valencia Villegas. Pereira.
Lo dijo el Fiscal General…
En uno de los pocos programas de opinión, que lamentablemente emiten en horarios en donde los televidentes difícilmente pueden ver, el fiscal general de la nación se refirió a la corrupción administrativa.
El paramilitarismo, el narcotráfico, los falsos positivos, la reelección, los magnicidios que difícilmente podrán algún día descifrar, el desempleo, las pandemias, los descalabros de la selección Colombia y algunos otros temas que facturan, son los más apetecidos por los medios para lograr el rating que los ponga a la vanguardia.
Sin embargo, el periodismo investigativo ha dejado de lado las investigaciones de lo que el Fiscal General llamó corrupción administrativa. Dijo en este espacio que le preocupaba que se estuvieran robando todo el país. Que las alcaldías, gobernaciones y estamentos estatales, tanto municipales, departamentales y nacionales, desde hace varios años sufrían el cáncer de esta corrupción.
Y es así. El trafico de influencias, el pago y cobro de favores otorgados, los contratos amarrados y amañados, los cargos adjudicados a personas que no están capacitadas, la sobrefacturación, lo recibido por debajo de la mesa y todas aquellas figuras que benefician a unos pocos, se manejan sin que los investigadores o veedurías denuncien lo que pasa.
Quique Casasbuenas Iregui. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
