Uno de los objetivos de la política económica estatal en los últimos períodos presidenciales ha sido convertir el sector minero en el motor que conducirá a Colombia hacia el desarrollo económico sostenible, para lo cual una de las principales estrategias ha sido promover la inversión de capitales para el incremento de la producción minera nacional, con responsabilidad social y ambiental.
Es así como en virtud y bajo el amparo de las leyes de Colombia, cumpliendo las normas y requisitos del Código de Minas, una empresa nacional o extranjera puede contratar con el Estado una Concesión para explorar y explotar recursos minerales en una zona geográfica definida de hasta diez mil hectáreas y por un tiempo establecido de máximo cincuenta años.
Para ganar competitividad como país receptor de la inversión minera mundial se han hecho reformas y adecuaciones significativas en la legislación minera, el régimen de inversiones y el estatuto tributario, a la vez se han simplificado trámites administrativos y se han mejorado de manera sustancial las fuentes y flujos de información sobre la geología del territorio y el historial minero de la nación.
Los Ministros de Minas y Energía y los altos funcionarios de las agencias mineras del Estado acuden año tras año a foros sectoriales y académicos, encuentros de inversionistas, congresos mineros y rondas de negocios para exponer los avances normativos y procedimentales que mejoran el clima de inversión y además "vender" a Colombia como un país de enorme potencial geológico para el hallazgo de minas, de comprobada estabilidad política, con buenos índices macroeconómicos, próspero, seguro y confiable, con lo que han contribuido a incrementar de manera significativa los montos de inversión extranjera para comprar títulos mineros y para adelantar estudios correspondientes a las primeras fases del negocio minero.
No obstante los objetivos de la política oficial, hay ahora en Colombia una intensa campaña anti-minería de corte ambientalista en contra de la actividad extractiva porque agota los recursos naturales, degrada los suelos y es contaminante, descalifica la efectividad de los planes de manejo y las medidas preventivas o mitigantes de los eventuales daños ambientales y por tanto, invocando el muy respetable "Principio de precaución", exige rechazar todo nuevo proyecto minero y paralizar algunos en marcha.
También hay líderes de opinión, congresistas, profesores universitarios, periodistas, representantes de comunidades indígenas y hasta funcionarios de entidades gubernamentales, que defienden la no obligatoriedad del Estado para dar certeza y respeto a los derechos mineros adquiridos y ven con buenos ojos que los requisitos y las reglas de juego para las empresas mineras puedan revisarse y ser modificados al ritmo de los cambios tecnológicos, económicos, ideológicos y sociales; algunos afirman que garantizar estabilidad jurídica en la contratación oficial y velar por el prestigio de Colombia como país destinatario de inversión minera mundial es entregar los intereses de la patria a las firmas multinacionales.
En tal clima de controversia, las estrategias del gobierno están siendo contrarrestadas por las acciones de los violentos y las protestas de los enemigos de la actividad minera, por tanto el llamado oficial a los inversionistas y empresarios se ha convertido en una suerte de publicidad engañosa, pues en la actualidad es casi imposible establecer una nueva mina en Colombia.
Un mensaje para los inversionistas y empresarios mineros, acorde con la realidad, bien podría incluir la siguiente advertencia.
"Señor empresario: invierta en Colombia a través de un contrato de concesión para explorar y explotar minerales, en cuyo desarrollo usted deberá enfrentar serios obstáculos y hasta podrá ser víctima de atentados a equipos e instalaciones, extorsiones y secuestros a su personal directivo por parte de grupos subversivos, estén éstos dialogando o no con el gobierno nacional.
Cuando decida iniciar la exploración, las dificultades provendrán de las autoridades ambientales con exigencias extraordinarias para el trámite de los permisos correspondientes, y las autoridades municipales, de manera ilegal, harán lo posible por limitarle su accionar en virtud de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Si es perseverante y finalmente descubre un depósito explotable y elabora los estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental de las obras y operaciones, es muy probable que alguien descubra que su proyecto está en una zona de páramo o de reserva forestal o protegida para actividades agropecuarias o que se constituya, en el área de su mayor interés, un parque natural.
Si por alguna razón considera que sus derechos se han desconocido y se le ha ocasionado grave perjuicio, entonces podrá demandar una jugosa indemnización del Estado, abandonar el proyecto minero y concentrarse en un prometedor litigio judicial".
*Profesor Asociado Pensionado Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero de Minas y Metalurgia y Magister en Economía de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en planeamiento de minas y métodos de explotación de carbón en la Escuela de Minas de París y Carbones de Francia Internacional. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Minas y Energía, miembro del consejo asesor de política minera del gobierno nacional y consultor de la junta de acuerdo de Cartagena para la elaboración del Programa Andino de Minería. elkinvp@une.net.co
Uno de los objetivos de la política económica estatal en los últimos períodos presidenciales ha sido convertir el sector minero en el motor que conducirá a Colombia hacia el desarrollo económico sostenible, para lo cual una de las principales estrategias ha sido promover la inversión de capitales para el incremento de la producción minera nacional, con responsabilidad social y ambiental.
Es así como en virtud y bajo el amparo de las leyes de Colombia, cumpliendo las normas y requisitos del Código de Minas, una empresa nacional o extranjera puede contratar con el Estado una Concesión para explorar y explotar recursos minerales en una zona geográfica definida de hasta diez mil hectáreas y por un tiempo establecido de máximo cincuenta años.
Para ganar competitividad como país receptor de la inversión minera mundial se han hecho reformas y adecuaciones significativas en la legislación minera, el régimen de inversiones y el estatuto tributario, a la vez se han simplificado trámites administrativos y se han mejorado de manera sustancial las fuentes y flujos de información sobre la geología del territorio y el historial minero de la nación.
Los Ministros de Minas y Energía y los altos funcionarios de las agencias mineras del Estado acuden año tras año a foros sectoriales y académicos, encuentros de inversionistas, congresos mineros y rondas de negocios para exponer los avances normativos y procedimentales que mejoran el clima de inversión y además "vender" a Colombia como un país de enorme potencial geológico para el hallazgo de minas, de comprobada estabilidad política, con buenos índices macroeconómicos, próspero, seguro y confiable, con lo que han contribuido a incrementar de manera significativa los montos de inversión extranjera para comprar títulos mineros y para adelantar estudios correspondientes a las primeras fases del negocio minero.
No obstante los objetivos de la política oficial, hay ahora en Colombia una intensa campaña anti-minería de corte ambientalista en contra de la actividad extractiva porque agota los recursos naturales, degrada los suelos y es contaminante, descalifica la efectividad de los planes de manejo y las medidas preventivas o mitigantes de los eventuales daños ambientales y por tanto, invocando el muy respetable "Principio de precaución", exige rechazar todo nuevo proyecto minero y paralizar algunos en marcha.
También hay líderes de opinión, congresistas, profesores universitarios, periodistas, representantes de comunidades indígenas y hasta funcionarios de entidades gubernamentales, que defienden la no obligatoriedad del Estado para dar certeza y respeto a los derechos mineros adquiridos y ven con buenos ojos que los requisitos y las reglas de juego para las empresas mineras puedan revisarse y ser modificados al ritmo de los cambios tecnológicos, económicos, ideológicos y sociales; algunos afirman que garantizar estabilidad jurídica en la contratación oficial y velar por el prestigio de Colombia como país destinatario de inversión minera mundial es entregar los intereses de la patria a las firmas multinacionales.
En tal clima de controversia, las estrategias del gobierno están siendo contrarrestadas por las acciones de los violentos y las protestas de los enemigos de la actividad minera, por tanto el llamado oficial a los inversionistas y empresarios se ha convertido en una suerte de publicidad engañosa, pues en la actualidad es casi imposible establecer una nueva mina en Colombia.
Un mensaje para los inversionistas y empresarios mineros, acorde con la realidad, bien podría incluir la siguiente advertencia.
"Señor empresario: invierta en Colombia a través de un contrato de concesión para explorar y explotar minerales, en cuyo desarrollo usted deberá enfrentar serios obstáculos y hasta podrá ser víctima de atentados a equipos e instalaciones, extorsiones y secuestros a su personal directivo por parte de grupos subversivos, estén éstos dialogando o no con el gobierno nacional.
Cuando decida iniciar la exploración, las dificultades provendrán de las autoridades ambientales con exigencias extraordinarias para el trámite de los permisos correspondientes, y las autoridades municipales, de manera ilegal, harán lo posible por limitarle su accionar en virtud de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Si es perseverante y finalmente descubre un depósito explotable y elabora los estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental de las obras y operaciones, es muy probable que alguien descubra que su proyecto está en una zona de páramo o de reserva forestal o protegida para actividades agropecuarias o que se constituya, en el área de su mayor interés, un parque natural.
Si por alguna razón considera que sus derechos se han desconocido y se le ha ocasionado grave perjuicio, entonces podrá demandar una jugosa indemnización del Estado, abandonar el proyecto minero y concentrarse en un prometedor litigio judicial".
*Profesor Asociado Pensionado Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero de Minas y Metalurgia y Magister en Economía de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en planeamiento de minas y métodos de explotación de carbón en la Escuela de Minas de París y Carbones de Francia Internacional. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Minas y Energía, miembro del consejo asesor de política minera del gobierno nacional y consultor de la junta de acuerdo de Cartagena para la elaboración del Programa Andino de Minería. elkinvp@une.net.co