Multas de tránsito

Los enfrentamientos entre ciudades grandes y la desafiliación de las principales de ellas en su relación con la Federación Colombiana de Municipios nos han mostrado, más allá de cualquier duda, que los recursos provenientes de multas por infracciones a las reglas de tránsito en el país serían un tesoro, probablemente desproporcionado, para la Federación de ser aplicado sobre la totalidad de lo recaudado el porcentaje establecido por la ley y, del mismo modo, que para los municipios se trata de un recurso parafiscal, seguro y cuantioso, que defienden con la mayor firmeza y sobre el cual no están dispuestos a admitir menoscabo alguno.

Sin embargo, quien se haya tomado el trabajo de conducir en trayectos largos por Colombia, habrá podido establecer la impertinencia de algunas de esas normas y lo absurdo y mortificante de su aplicación.

Para citar dos de ellas me referiré a la doble línea continua amarilla y al límite de velocidad máximo. En el primer caso se establecen los tramos de carretera en los que no se pueden realizar sobrepasos, definidos a todas luces de manera antitécnica y que, por añadidura, no establecen diferencia entre vehículos, omitiendo la consideración de que un vehículo pequeño podrá realizar la maniobra en menos tiempo que un gran vehículo de carga y que, por lo tanto, la longitud de recorrido necesario será menor. Igualmente, el límite de velocidad de 80 km/h es absurdamente bajo en algunos tramos y para algunos vehículos, y lo contrario en otras vías.

Esas normas son de imposible cumplimiento y fueron establecidas con la certeza de que serían violadas. Quien lo dude, promueva un “plan tortuga” en todo el país, comprometiendo a todos los conductores a su acatamiento, y verá cómo el tráfico colapsa.

En consecuencia, si ello no ocurre se debe a la violación permanente de la ley por parte de los ciudadanos y la sanción resultará aplicada a quien “se levante en día de mala suerte”.

Pero lo que nadie ha dicho ni a nadie ha preocupado es que la mayor parte de los perjudicadas son personas de bajos recursos económicos, que responden a cada sanción con el equivalente a sus ingresos mensuales.

Si esos no son gravámenes retardatarios e injustos, entonces no los hay. ¿Dónde están los líderes de la izquierda democrática a quienes nunca se les ha oído un pronunciamiento sobre el asunto?

 Jorge H. Abad Cock. Medellín.

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