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Quisiera felicitarlos por el detallado y cuidadoso cubrimiento que sólo ustedes le han dado al tema de nuestro Patrimonio Cultural Subacuático en lo referente al reciente fallo de la Corte de Tampa.
Las investigaciones han logrado despertar entre sus lectores —y quizás entre algunos funcionarios del Gobierno— un sentimiento de alarma. No creo que pase un mes sin que algún pescador desprevenido, de precarias condiciones económicas, enganche entre sus redes los restos de algún naufragio colonial y tristemente éste desaparezca para siempre.
Cuando uno lee y estudia detenidamente la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, llega a la triste conclusión de que lo único bueno que tiene es su nombre. España fue el impulsor de este triste movimiento que les entrega a los antiguos imperios lo poco que se les quedó bajo el agua por el camino, después del más atroz saqueo que jamás la historia haya visto, a un costo en vidas que supera el 90% de la población nativa, gran parte muertos trabajando en las minas, extrayendo el valioso mineral que ahora España pretende venir, reclamar y llevárselo, con el beneplácito de nuestros Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores. No me extraña este proceder nuestro, pues Colombia fue el principal promotor de la Convención de la Unesco en Latinoamérica.
La Convención básicamente promueve la “preservación in situ” como medio de conservación de nuestros 1.100 naufragios, absurdo si sabemos que en el Caribe el 80% está a menos de 20 metros de profundidad, sujetos al expolio por buzos y pescadores. Como segundo pilar está la clasificación de todos los objetos, sin excepción, como “patrimonio” y la prohibición a comercializar cualquier objeto. Es decir que las naciones pobres, como la nuestra, deben sacar de sus propias arcas los recursos (unos 30 o 40 millones de dólares por naufragio) para buscar y rescatar un naufragio, sin poder vender una de las miles de monedas, exactas todas. Nosotros hemos propuesto dividir la carga en dos: el “patrimonio”, las piezas únicas (joyas, instrumentos, cañones, etc.) son todas de la Nación y los “bienes cambiarios”, que son las monedas y las barras de oro y plata, se dividen entre la Nación y el contratista. ¡Herejes! Gritan en el Ministerio de Cultura.
El tercer pilar de la Convención es el mas grave y se relaciona directamente con el tema de la Corte de Tampa, de la Mercedes, y es que la Convención le da el título de la nave del pabellón a la Nación que lo llevaba sobre el naufragio, pues estas son “naves de guerra”. Es decir, que si Colombia hubiese adherido a la Convención, como hoy todavía en ese Ministerio de Cultura y de Relaciones quieren hacer, le entregaríamos a España los 1.100 naufragios que yacen en nuestras aguas. Es por eso que Colombia no ha querido hacerse presente en el juicio de Tampa ni presentar la Nota Diplomática que lleva ya más de un año suplicándoles que lo hagan, sin una sola respuesta.
Daniel de Narváez McAllister. Bogotá.
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