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Sorprenden los pronunciamientos de Álvaro Uribe, Francisco Santos, Diego Palacio y Fabio Valencia frente al informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el número de sindicalistas asesinados en Colombia en 2009.
El ministro Palacio advierte de manera cínica que “el gremio internacional incluye líderes sociales que no son líderes sindicales afiliados”. El ministro Valencia Cossio informa que “el Gobierno asignó $9.749 millones entre enero y abril de 2010 para la protección de sindicalistas”. El vicepresidente Santos afirma sin ningún rubor que conoce “de tres países en el continente en donde matan muchos más sindicalistas, pero no los cuentan. Nadie se deja contar”, y el presidente Uribe expresa que “después de estar más de veinte años en la lista de países sancionados por la OIT, Colombia fue totalmente excluida, reconociendo los esfuerzos que ha hecho este Gobierno en favor de los trabajadores”.
Las palabras anteriores suponen que al Gobierno poco le importan los derechos humanos y que, entre sus prioridades, tampoco está el llegar a la verdad de los hechos. El presidente Uribe y su gabinete se pronuncian de manera iracunda cuando salen a flote hechos que puedan dañar la imagen de Colombia con Estados Unidos para la firma del Tratado Libre de Comercio, pero no se escuchan por ningún lado estas mismas voces cuando son asesinados líderes sindicales.
Gabriela Arbeláez Rojas. Popayán.
A liberar a los otros secuestrados
Con tristeza veo que el cabo primero Róbinson Salcedo, de Ibagué (Tolima), aún continúa secuestrado (desde el 3 de agosto de 1998) y que por ser de condición humilde su familia no ha tenido la publicidad suficiente. Abogo desde aquí por él, soy su amiga y pienso que como todos los anteriores liberados tiene el mismo derecho .
Mayra Villamil Yépez. Ibagué.
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