Con la esperanza de que el columnista Mario Fernando Prado se convierta a partir de ahora en un verdadero “sirirí” con el tema de los menores infractores de la ley penal, ahora que me abre la oportunidad vuelvo a referirme a este tema, como en algunas oportunidades este diario nos brindó el espacio para hacerlo, por la época en que se debatía la construcción de la que hoy es la Ley 1098, denominada Código de la Infancia y de la Adolescencia.
Y lo hago no porque cada día sean más comunes los casos delictivos de los menores de edad en contra de sus padres, de profesores o como instrumentos de los delincuentes adultos, sino porque como conocedor de la materia, desde la construcción de esta Ley, muchos no estuvimos de acuerdo con la laxitud de estas normas. El delincuente juvenil, como lo hace entrever el columnista de este diario, emprende su carrera delictiva desde su hogar en donde recibe maltrato, padece hambre, no asiste a la escuela o al colegio, en donde convive con sus congéneres de barrio víctimas de las mismas condiciones; preadolescentes y adolescentes asediados por los mensajes permanentes del consumismo, guiados por el mal ejemplo que recibimos desde la misma clase dirigente, adiestrados por los medios de comunicación que reproducen en sus “programas” todos los vicios de nuestra sociedad, en tales circunstancias pareciera que no les queda otro camino que delinquir. Pero tampoco es para que los politiqueros coyunturalistas salgan a hacer populismo jurídico para proponer la prisión perpetua o la pena de muerte para los menores de edad delincuentes, ellos son víctimas de la Sociedad y del Estado que tenemos; sin embargo, si debe modificarse la ley al respecto, si bien hace falta que las medidas no sean tan permisivas por tratarse de menores de edad que aún tienen toda una vida por delante, no es menos cierto que sin rehabilitar a sus familias, brindarles oportunidades de empleo, educación y vivienda digna, no habrá una verdadera reinserción de los menores infractores a la familia y a la sociedad, y eso sí, endurecer las penas para los adultos que utilizan menores edad para convertirlos en instrumentos para la comisión de delitos. Creemos que la Ley 1098 en cuanto a la responsabilidad penal para adolescentes debe reformarse en tal sentido, si es que se quiere evitar que los adolescentes sucumban en el delito, continúen su carrera delictiva, la drogadicción y la muerte.
Francisco E. Ortega R. Ex presidente de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia.
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