Salario mínimo, discusión bizantina

Al final de cada año los representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores se sientan a discutir el incremento del salario mínimo.

La idea de la discusión es que las tres partes lleguen a un acuerdo, teniendo en cuenta los impactos sociales, políticos y económicos que puede generar cualquier tipo de decisión.

Los argumentos llevados a la mesa de debate por los negociadores del Gobierno siempre se fundamentan en el análisis restringido de que desde el punto de vista social, el salario mínimo toma gran importancia dado que puede afectar el nivel de pobreza y desigualdad en las economías, mediante incrementos en el desempleo o la informalidad. Desde la perspectiva económica, el salario mínimo puede servir como instrumento de política antiinflacionaria, ya que es considerado como pieza clave en el tema de costos de producción, gasto público y a su vez en las expectativas de inflación. Finalmente, el punto de vista político es uno de los más importantes a la hora de fijar el salario mínimo, ya que si no hay un consenso entre los tres jugadores, es el Gobierno el que toma la decisión, sin dejar a un lado sus fines políticos. Es el bienestar social lo que se quiere buscar al establecer un salario mínimo, controlando el poder de los empresarios a la hora de hacer contrataciones para que se logren remuneraciones justas y evitando así el empleo informal. Sin embargo, son los intereses particulares de los tres jugadores los que impiden llegar a un consenso.

Bajo esa política, el Gobierno Nacional fijó el último salario mínimo legal a partir del 1º de enero de 2010 en $515.000, lo que significó un incremento equivalente al 3,64258%. En cuanto al auxilio de transporte, quedó establecido en $61.500, un aumento de 3,7099%.

En estos días se anunció por parte del director del Banco de la República que la inflación para este año estará muy por debajo del 3%, valga decir, entre 2,6 y 2,7%, mientras que las centrales obreras han manifestado desde ya que se sentarán a la mesa a exigir un utópico aumento del 8%.

Lo único seguro es que la Corte Constitucional, en precedente sentencia del “salario mínimo”, ha dicho de manera enfática que el incremento en éste tópico no puede ser inferior a la inflación.

Por lo ocurrido en los anteriores años, Gobierno, empresarios y trabajadores buscarán aproximarse en las propuestas que llevarán a la mesa de discusión, esperanzados en encontrar una fórmula justa y equitativa, que por primera vez desmitifique el debate del salario mínimo. Los trabajadores aspiran a que el vicepresidente Garzón sea un garante y eleve a su máxima expresión la política a favor de los trabajadores. De lo contrario el debate del salario mínimo resulta ser la más inconsecuente “discusión bizantina”.

 Orlando Morales. Bogotá.