Iniciando el año 2010 con la justicia en primera plana, quisiera que meditáramos acerca de que cuando se pone en libertad “provisional” (mientras el proceso continúa) a un sindicado o imputado, la gente y los periodistas automática y simplistamente exclaman airados “¡no hay justicia!”, cuando si reflexionaran un poquito caerían en la cuenta de que deberían exclamar furiosos: “¡No hay Congreso ni Gobierno!”.
En efecto, ¿quién propone las diversas leyes para que el Parlamento las tramite y expida? Pues el Gobierno Nacional, que tiene una enorme potestad o iniciativa legislativa y además es el que las sanciona y ejecuta. Y ¿quién tramita, debate y expide las leyes? Pues el Congreso Nacional, que, como siempre, a la par que cada semana se inventa nuevas leyes de incremento de penas en algunos delitos, paralelamente expide otras creando y otorgando una gran cantidad de rebajas de pena por cuanto motivo se les ocurre a los parlamentarios. Y entre la Ejecutiva y la Legislativa, como en un emparedado, está la Rama Judicial encargada de poner en práctica esas leyes promovidas y sancionadas por el Gobierno y tramitadas por el Congreso, pues juez que no aplique dichas normas va a parar a la cárcel por “prevaricador”. Deberían reparar en que, por ejemplo, en una capital de la República con casi 12 millones de habitantes y una criminalidad siempre ascendente, existen apenas (atérrense) ¡22 Juzgados Penales del Circuito de Conocimiento!, es decir, 22 jueces para emitir sentencias en los asuntos penales con apenas tres colaboradores para ayudarles a proyectar fallos. ¿Es esto justo? En los tres últimos años ha habido casos de funcionarios penales fallecidos o con graves patologías físicas y mentales atribuibles a la enorme carga laboral que cotidianamente deben afrontar y al inmenso estrés laboral que padecen, sin que el Consejo Superior de la Judicatura se percate de tan grave situación y sin que, por ende, adopte urgentes medidas para remediar esa inmensa carga de procesos que cada uno de esos 22 Juzgados Penales del Circuito de Bogotá afrontan (más de 300 procesos por juzgado), sin el suficiente personal y número de juzgados que una metrópolis de este tamaño requiere. El Espectador y sus unidades investigativas deberían enfocar sus indagaciones respecto a estos temas que, cíclicamente, concitan la atención ciudadana pero sin los argumentos y sin tener en cuenta factores como los escuetamente enunciados.
Jaime Enrique Lozano. Bogotá.
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