Sobre el editorial 'Posturas incorrectas'

El 'unanimismo', al que  se acusa de ser el fundamento del pasado Gobierno en su editorial publicado el sábado 28 de noviembre, es la palabra perfecta para describir la manera como se ha configurado el mapa político actual del país.

Una oposición virtualmente inexistente, una prensa absolutamente cerrada al debate juicioso y riguroso de los temas de actualidad, que acusa de ‘torpedear’ a quienes formulan críticas constructivas a algunos aspectos de la agenda de gobierno sin ánimo diferente al de aportar a su éxito. El país ha pasado de permitir el debate a querer acallarlo en aras de un unanimismo conceptual que no permite el disenso constructivo.

La mayor prueba de institucionalidad no es el consenso, sino permitir que se den debates de fondo como herramienta fundamental para su fortalecimiento, sin por esto sentirse amenazada. La institucionalidad no es una armonía aparente que se impone a costa de eliminar los sanos debates que el país debe dar, por el contrario, es el resultado de la libre expresión de las posiciones y desacuerdos con respecto a algunos sectores del aparato institucional. Tachar de amenazantes unas opiniones de fondo, es cerrar la puerta a la discusión legítima y propender por un arreglo institucional ‘unanimista’. Qué equivocado es considerar que el disenso y la crítica van en contravía de las instituciones, cuando son precisamente esos derechos los que las mismas deben auspiciar. Más equivocado aún es que el derecho a cuestionar se aplique selectivamente; ¿es válido que El Espectador formule críticas a la justicia, pero es desestabilizador que el ex presidente lo haga? ¿Entonces es legítimo cuestionar la politización de la justicia a nivel de sus decisiones internas y a su vez ilógico y amenazante cuestionar si dicha politización afecta la imparcialidad con la cual deben llevar a cabo sus investigaciones y emitir sus fallos? De esa manera, se arrogan ustedes el derecho a dictar las reglas del debate.

Sobre lo que alegan son las consecuencias internacionales del cuestionamiento del ex presidente a la justicia, me pregunto por las consecuencias internacionales de que un grupo de políticos y opinadores, ante su incapacidad de triunfar en las urnas, acudan al desprestigio internacional del Estado colombiano, acusándolo de mafioso, narcotraficante y asesino, calumniando a quien condujo sus destinos los últimos 8 años. Buscando por medio de hechos ficticios como el asesinato sistemático de periodistas y sindicalistas, trancar la inserción al comercio internacional que el país necesita para su desarrollo. Me pregunto por las consecuencias internacionales de que algunos periodistas que viven y opinan libremente en Colombia, que jamás han sido censurados, busquen espacios en el extranjero para acusar al Estado colombiano de perseguirlos sistemáticamente.

¿Es válido que una ex senadora condenada disciplinariamente, con amplios espacios internacionales, ponga en entredicho a la justicia colombiana, diga que su proceso es una persecución y un montaje, sin que se cuestionen las consecuencias internacionales de esos actos?

La prensa, la oposición, varios ex funcionarios importantes ponen en entredicho todos los días las capacidades del Estado colombiano, sin que se les reclame por estar desprestigiándolo. Amenazante sí es para la libertad de expresión, que desde la prensa se le cierren selectivamente espacios a algunas opiniones por considerarlas amenazantes, confundiendo debate con amenaza y sin cuestionar a quienes sí calumnian al Estado. Se desconoce además que el prestigio de las instituciones no debe ser el resultado de opiniones, sino de hechos. Las instituciones finalmente no son lo que algunos opinen que son, sino los resultados que producen. Por ejemplo, Colombia no es un Estado que ha institucionalizado la libre expresión simplemente porque algunos opinen que así es o no es, sino porque en los últimos años no ha escatimado esfuerzos para proteger la vida de todos los periodistas, independientemente de su posición hacia el gobierno. Más aún, porque de ninguna manera ha tratado de acallar el disenso, ni por medio de la censura abierta como por medio de la seducción inescrupulosa a la prensa, igualmente perversas.

Es peligrosamente simplista reducir unas reflexiones profundas a una “nostalgia de protagonismo”, siendo que son la prensa y la oposición quienes exhiben esa nostalgia, por ejemplo, al confundir un comunicado de un hoy ex presidente con un enfrentamiento de poderes, cuya ninguna de sus ramas representa ya este último. Demandan pronunciamientos y cuando se dan los descalifican como desestabilizadores, arrogantes y nostálgicos de protagonismo, desconociendo la prudencia de AUV en estos 105 días y el hecho de que su agenda ha estado es copada por compromisos internacionales, que sus pronunciamientos públicos han sido limitados y además respetuosos y amables con el gobierno actual. Ningún proceso de consolidación democrática se da evitando opiniones y cuestionamientos válidos. La consolidación democrática no es la convergencia de opiniones, que por el contrario, conduce al unanimismo que usted critica. Ahora resulta que en la democracia hay debates vedados, se confunde armonía institucional con silencio cómplice. Se pretende instaurar un estado de silencio y complacencia, donde criticar es amenazar. Nada más contraproducente para la democracia y aún más cuando dichas posturas se promueven desde la prensa. Pareciera que las opiniones de este diario  se fundamentan más en simpatías políticas, que en profundas posturas éticas y patrióticas.

Le recuerdo que fue por simpatías que el país permitió que creciera el monstruo de la mafia, fue por simpatías que se toleró el desbordamiento de guerrilleros y paramilitares. En lo personal, prefiero un debate abierto y frentero, que no soslaya los problemas de fondo, a simpatías y conveniencias tendientes a guardar apariencias.

 Jerónimo Alberto Uribe. Bogotá.