Sobre el Holocausto

El jueves 17 de diciembre del 2009, El Espectador publicó la nota titulada “Narcotráfico sí financió toma del Palacio de Justicia: Comisión de la Verdad”, en la que se dan a conocer conclusiones del tercer informe presentado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Sin embargo, este informe no cumple con su objetivo de lograr la verdad, porque desestima importante material probatorio, ignora testigos, acude a eufemismos para exculpar la acción de la fuerza pública, asume como verdad hechos no demostrables y contraría lo dispuesto en el acta 23 de la Corte Suprema de Justicia del 18 de agosto de 2005, con la cual se creó la Comisión de la Verdad.

El informe desestima a testigos presenciales o el aporte de quienes podrían explicar las razones que propiciaron la toma de decisiones. Tampoco reconoce el valor de los procesos judiciales durante 24 años, el informe del Tribunal Especial de Instrucción, el informe del Juzgado 30 de Instrucción Criminal ni las investigaciones de carácter periodístico de valor histórico publicadas, como los libros de Ana Carrigan The Palace of Justice: A colombian tragedy; Noche de lobos, de Ramón Jimeno, y El olvido: holocausto de la historia, de las periodistas Ana María Hanssen y Adriana Echeverry.

Tampoco reconoce el esfuerzo que realiza la Fiscalía por garantizar que los responsables de los crímenes no sean condenados al olvido y la impunidad y para que las víctimas además de reparación logren verdad y justicia y se recuperen los restos de los desaparecidos. Falta a la verdad cuando afirma que el magistrado Manuel Gaona Cruz fue asesinado por la guerrilla, cuando las pruebas de trayectoria balística y testigos afirman que fue asesinado por la fuerza pública, del mismo modo como murió el presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía o Carlos Horacio Urán. Tampoco puede demostrar que la guerrilla estuvo financiada por Pablo Escobar y menos que Iván Marino Ospina haya recibido pago por este operativo.

Es lamentable que se haya creado una Comisión de la Verdad que desestime versiones no oficiales sobre los hechos, ignore a las víctimas y que se intente imponer como verdad histórica un informe que no resiste el menor análisis probatorio. El país sigue en mora de conocer un informe serio que adjudique una justa distribución de responsabilidades históricas, políticas y penales tanto a la guerrilla del M-19, como la fuerza pública y al presidente Belisario Betancur. Claramente el trabajo realizado por la Comisión no cumplió con su objetivo de informar lo que realmente aconteció en ese luctuoso noviembre de 1985.

 Maureén Maya, directora Fundación Cese el Fuego. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.