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Dice el jefe del Ministerio Público que la anticoncepción de emergencia se debe retirar del mercado colombiano, pues se trata de un método abortivo y el aborto sigue siendo un delito en Colombia.
A la luz del conocimiento científico actual, la Procuraduría parte de un concepto erróneo y por lo tanto le presta un flaco servicio al país, posiblemente para defender una posición religiosa fundamentalista como es la de la Iglesia católica frente a este tema trascendental. Miremos por qué:
Las comunicaciones iniciales explicaban el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia (levonorgestrel) basadas en hipótesis, ya que no se conocían resultados de estudios clínicos diseñados para tal fin. Entre las hipótesis esgrimidas estaban: interferencia con la ovulación, con la migración espermática, con el transporte del embrión y con su implantación. Con base en lo anterior, muchos países adoptaron el método para disminuir el número de embarazos no deseados y sus graves consecuencias sociales.
Hasta 2000 la Iglesia católica y muchos sectores conservadores de la sociedad adoptaron la hipótesis de que la anticoncepción de emergencia interfería con la implantación del embrión y por lo tanto era abortiva.
En los últimos años, ensayos clínicos controlados realizados en varios países demostraron que el levonorgestrel altera el proceso ovulatorio, y en Chile el doctor Croxato, por medio de experimentos bien diseñados, demostró que dependiendo de la cercanía a la ovulación en que se administra el levonorgestrel, suprime o desincroniza la ovulación. El mundo científico acepta este mecanismo de acción y, al día de hoy, la hipótesis de que la anticoncepción de emergencia interfiere con la implantación no tiene apoyo en la evidencia científica.
Si bien la anticoncepción de emergencia no es un método diseñado para uso rutinario, como su nombre lo indica, su indicación es disminuir de manera significativa el riesgo de embarazo luego de una relación no planificada, ya sea voluntaria o violenta como es frecuente en nuestro país.
Es bueno recordarle al señor Procurador que los derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos universales. Por lo tanto debería ser una responsabilidad misional de la Procuraduría General de la Nación la promoción, la defensa de los Derechos Humanos y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos.
La mentira no puede ser el arma para satanizar una intervención de prevención en salud como la anticoncepción de emergencia, que entre otras cosas se constituye en un paliativo a todas las formas de violencia que atentan a diario contra las mujeres en Colombia.
Juan Guillermo Londoño Cardona. Medellín.
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