Sobre la libertad de cultos y el derecho a la información

Quisiera hacer un aporte a propósito de su importante editorial del pasado jueves,  de otras columnas de opinión y artículos de información de El Espectador sobre la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, y la educación.

Nuestra sociedad necesita los debates y el uso público de la razón para fortalecer la convivencia pacífica y la integración de la diferencia. Sin embargo el debate constructivo debe ir más allá de la opinión particular y no puede pretender imponer el referente cultural o ideológico de una de las partes a la totalidad. Construimos democracia cuando somos capaces de valorar y tener en cuenta las múltiples perspectivas involucradas en las tomas de decisiones, pero todas las comunidades necesitamos unos referentes comunes que sean lo suficientemente mínimos para que sean generalizables sin perjuicio de las  particularidades. La Constitución Política es el espacio público donde encontramos esos mínimos generalizables a toda la población sin distingos de ninguna índole.

 Por esta razón, todo debate sobre los derechos y la educación debe ajustarse al marco constitucional para que todas las personas podamos encontrarnos en la discusión en igualdad de condiciones. Para dicho propósito es importante tener en cuenta, al menos, las siguientes premisas a la hora de sentar posiciones sobre los derechos de las estudiantes:

 Colombia es un Estado social de derecho, organizado como República democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. En este sentido, ningún Manual de Convivencia, Reglamento ni contrato de matrícula puede contradecir los derechos allí estipulados.

La Constitución garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. A la vez se garantiza la libertad de conciencia: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Cualquier organización e institución pude profesar el tipo de educación que considere, pero no puede obligar a los individuos a acogerla. Además, puede divulgar sus propias creencias y principios pero debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,  y la de informar y recibir información veraz e imparcial, incluyendo la científica y la jurídica. Esto último debido a que en Colombia todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, y gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es decir, los mismos derechos que les permite a unas personas profesar una religión son los mismos derechos que les permiten a otros tener otras convicciones.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que tanto atemoriza a algunos educadores es que todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Lo que significa que todos debemos ser capaces de llegar a pensar por nosotros mismos con sentido crítico, incluyendo diversas posiciones e intereses, tanto en el campo moral como en el intelectual.

 De ahí que, de acuerdo con la Constitución, éste sea el fin número uno de la educación que establece la Ley y que los tres siguientes sean: La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley. Es fundamental, entonces, tener en cuenta que todos los colombianos somos ciudadanos, pero no todos los ciudadanos somos católicos.

De acuerdo con la Constitución y con la normatividad vigente es apenas obvio que las estudiantes conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, que nos son unos derechos nuevos, sino que están comprendidos por los derechos fundamentales y constitucionales.

 Eduardo Escallón. Escritor. Bogotá.

El Maestro Onetti

De tanto leer y releer al Maestro Onetti, he llegado a conclusiones desoladoras sobre el ser humano. Sus personajes, siempre perdedores,   borraron de su memoria todo paraíso, todo concepto de felicidad plena. El universo se reduce a un astillero ruinoso, cuyos habitantes siguen insistiendo, férreos, a un destino que no existe. Por supuesto, de Onetti he aprendido a soportarme, a asumir mis oscuridades, a mirar al ser humano como un ser irremediable.

 Por ello, no he podido entender el punto de vista de Héctor Abad, expresado en su columna del pasado 11 de octubre en El Espectador, en el sentido de que  jamás ha podido leer hasta el final ningún libro del Maestro. Él, sobre todo. Por Onetti pude convertir en análisis pausado el repudio visceral que me causó la muerte de su bello padre, a manos de unos seres despreciables, pero humanos sin salvación. Como los personajes de Onetti, como la definición que traza en su prosa. Me dejó más turbado Héctor, cuando tilda al Maestro Onetti de machista sin tacha, sin haberlo leído, al menos hasta el final. Tomo su afirmación tajante como un desconocimiento de su obra, de su ácrata postura existencial. Nadie más abierto al ser humano que Onetti, nadie más comprensor de sus pestilencias, de su insalvable lucha por la nada.

  Omar Machado Yepes. Medellín.

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