Sobre la regla fiscal

En la agenda del próximo gobierno está la llamada regla fiscal, la cual busca implantar una drástica disciplina fiscal que asegure la estabilidad macroeconómica.

Esta propuesta no es circunstancial, pues se inscribe en lo que, a juicio del Gobierno saliente, es la bonanza minero-energética, por cuenta del aumento sostenido de la producción y la volátil cotización internacional del petróleo, carbón, ferroníquel, oro, entre otros minerales. Su pretensión real: enjugar la abultada deuda que, persistentemente, ha puesto en jaque el equilibrio de las finanzas públicas.

Es innegable el sorprendente auge minero en la última década, pues este sector aportó en 2009 el 5,3% de la economía nacional y generó el 42% de las exportaciones. La esperada bonanza tendrá, por supuesto, una incidencia directa en la revaluación del peso, en los ingresos fiscales, en el nivel de gasto del Gobierno Nacional y en las regalías que reciben los departamentos y municipios en donde se explotan los recursos naturales no renovables. Entre 2000 y 2009 el Gobierno Nacional duplicó los recaudos del sector minero-energético, al pasar de $1,6 billones a $3,7 billones. De otro lado, las regalías giradas —las cuales apalancan las transferencias de la Nación— provienen, principalmente, del petróleo y del carbón, cercanas a los $5 billones, acaparando el 74% de siete departamentos: Casanare, Meta, Arauca, La Guajira, Huila, Santander y Córdoba.

Que el Gobierno Nacional pretenda ponerle un torniquete a su desbocado gasto, que ha desatado un déficit estructural, es comprensible, pero que busque ahora torcerle el cuello al proceso de descentralización con la reforma al régimen de regalías es inaceptable. Según éste, la existencia de los recursos adicionales en que se focaliza la Regla Fiscal exige un ajuste en el modelo de distribución de las regalías, que presume el Gobierno es inequitativo, concentrado y de bajo impacto en el desarrollo regional y local. Los críticos del actual sistema sostienen que son, presuntamente, foco de corrupción y desviación de recursos por la presión de los grupos subversivos armados. Algunos analistas proponen que los excedentes transitorios de la bonanza y las regalías resultantes se canalicen a través de un fondo de compensación de desarrollo regional y local, con una planeación y controles efectivos sobre su destinación y utilización.

Sería una gran frustración que el Gobierno Nacional sobredimensionara esta bonanza, basado en los inestables precios de los hidrocarburos y minerales, haciendo cuentas alegres. El incremento de los ingresos no es tanto por la cotización sino por los volúmenes producidos y exportados.

 Edilberto Rodríguez Araújo. Tunja.

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