A raíz de la publicación realizada en El Espectador he considerado conveniente hacer un aporte a la claridad que debe existir entre las relaciones de los agricultores, proveedores de caña de los ingenios, y estas empresas.
Desde hace más de 50 años muchas familias de esta región han estado dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Por eso, causa profunda sorpresa el informe publicado en este diario. En toda nuestra experiencia, las relaciones con los ingenios azucareros han sido y deben ser armónicas, y las prácticas contractuales son un estándar de toda tradición, que ha pasado por muchas generaciones.
Realmente creemos que estas empresas son respetuosas de la ley, y nos resulta difícil creer que los sistemas de contratación y las formas de pago de la caña fueron establecidos como un acuerdo contrario a las leyes de la competencia, como se dice aparece en un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los ingenios y cultivadores desde siempre han celebrado contratos de colaboración a riesgo compartido de la actividad de cada uno. Las diversas fórmulas que se emplean en la región, con seguridad desde hace más de 50 años, constituyen una metodología para la remuneración de la caña con base en el azúcar que se produce. Esta metodología se usa en todo el mundo, y debe tenerse en cuenta que cada ingenio utiliza diferentes tipos de contratos y de fórmulas.
Contrario a lo que, según el informe publicado, dice la Superintendencia, es difícil creer que los ingenios hayan pactado un acuerdo de precios, cuando todos usan contratos y fórmulas diferentes, y cuando nuestras propias liquidaciones de caña arrojan remuneraciones diferentes.
Realmente podemos afirmar que el pago por la caña de azúcar es distinto entre los diferentes ingenios, también respecto de cada proveedor, y no se limita a la fórmula de los 58 kilos de azúcar por tonelada de caña, como se manifiesta aparece en ese informe.
En general creemos que la caña de azúcar es bien remunerada en este país, si la comparamos con otras industrias a nivel mundial.
Entendemos que esto es sólo un informe de una investigación en curso, y por eso creemos que es hora de que el Ministerio de Agricultura, que siempre nos ha acompañado, aclare estos temas a la Superintendencia, no vaya a ser que, por falta de conocimiento del funcionamiento de la cadena azucarera por parte de esta entidad, se perjudique a los ingenios, y en consecuencia, se afecte a los proveedores de la caña de azúcar en su remuneración. Afectar a un eslabón de la cadena es afectar a toda la cadena y, por tanto, a toda una región.
Francisco José Lourido. Presidente Ejecutivo de la Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca.
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