Sobre una cena para revisar la suerte del relleno Doña Juana

Los hechos de la conversación sostenida con la doctora Catalina Franco, directora Jurídica de la Uaesp, en la conversación informal que se  cita (El Espectador, 09/04/09, “Raros planes para el relleno Doña Juana” ), y los antecedentes de la misma, no tienen nada que ver con extraños intereses económicos, o con manejos ilícitos, o con intenciones de perjudicar o favorecer a una firma contratista, o de evadir procesos de licitación.

El día 1° de septiembre en horas de la mañana, al llegar a mi oficina en el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, del cual soy su director desde hace más de 13 años, me encontré con la doctora Victoria Eugenia Virviescas, quien es alumna de la especialización, y me comentó su preocupación sobre la situación de servicio público que se estaba presentando en el relleno Doña Juana, relacionada con un deslizamiento que se había presentado y las diferentes alternativas jurídicas que estaba analizando la entidad.

En una conversación informal me preguntó sobre las distintas alternativas que estudiaba la entidad para no perjudicar el servicio público y me limité a señalar los eventos consagrados en la Ley 80 de 1993 respecto de las diferentes alternativas y sus requisitos legales, pues no conozco, ni he conocido, las situaciones específicas del contrato vigente o del proceso contractual que se adelanta, pues no tengo interés, ni participación de ninguna clase en este proceso, ni con la entidad, ni con los particulares, asesores o terceros que tengan algo que ver con este punto.

La directora de la entidad, luego de nuestra conversación pública y a puertas abiertas en la universidad, en ese mismo momento me solicitó a título de simple favor que hablara con la Directora Jurídica de la entidad sobre el marco general que me había consultado, a lo cual yo le contesté que consideraba que no era necesario, pues entendía que la entidad tenía sus propios asesores jurídicos, internos y externos. Sin embargo, la Directora consideró conveniente insistir en su petición.

Antes de ese día, no tenía conocimiento alguno de la contratación o de la situación que se estaba presentando en la obra de la entidad, y realmente lamento que una actuación totalmente de buena fe haya sido distorsionada e interpretada de tal manera, para darles los alcances y contenidos en la publicación y que se ha venido agrandando a raíz de la misma por otros medios radiales, pues al parecer lo importante no es la verdad, sino una noticia que atraiga audiencia.

Este es el antecedente, y ningún otro, el que motiva la conversación con la Directora Jurídica, pues además en la reunión citada no fue el único tema tratado, pues también se habló lo atinente al proceso judicial del cual soy apoderado en defensa de la entidad y a una conciliación extrajudicial citada ante la Procuraduría General de la Nación.

Me parece increíble que se hayan utilizado unas servilletas donde se trataron estos temas, para tratar de hacer afirmaciones tales como la existencia de “extraños intereses económicos” o la intención de querer sacar a una firma contratista del negocio, o una presunta cesión del contrato, sin que por lo menos me hubieran preguntado de qué se trataba, o haber escuchado mi versión.

En la reunión, la Directora Jurídica de la entidad me informó en términos generales de la situación actual y del peligro para la continuidad del servicio público, así como de las diferentes alternativas que estaba analizando la entidad y que coincidía con lo expuesto por su directora en las horas de la mañana, entre ellas, la de realizar un contrato interadministrativo mientras que se culminaba el proceso de licitación que están adelantando y las diferentes entidades estatales que podrían tener la idoneidad para hacerlo; la situación del contratista actual para reparar el deslizamiento que al parecer se había presentado en la obra, dado que el contrato estaba próximo a vencerse, y una alternativa sobre una contratación directa en forma temporal, mientras se terminaba el proceso de licitación.

Puedo afirmar, si es necesario bajo la gravedad de juramento, que nunca en la reunión se habló de una intención desviada de sacar a Proactiva. Se mencionaron los antecedentes sobre multas del actual contratista y yo me permití contestar sobre los requisitos exigidos por la ley para las distintas alternativas analizadas por la entidad y sus asesores, entre ellas, el contrato interadministrativo, y los requisitos de una urgencia manifiesta, repito, en términos generales pues no conozco los antecedentes del proceso.

En la reunión informal en ningún momento se recomendó una urgencia manifiesta, como se dice en el artículo, pues no tengo conocimiento del proceso contractual, y sólo se me pidió una opinión general. Al respecto, sólo señalé la claridad que debía tener una administración sobre la existencia de los supuestos de hecho previstos en la norma como requisitos para cualquiera de las alternativas consideradas. No más, ni menos, de lo anterior.

No tengo, ni he tenido, intereses económicos de ninguna clase con ninguna persona de las entidades estatales o privadas sobre este proceso y, como ya lo afirmé, vine a conocer del tema en las horas de la mañana.

No existe elemento de juicio alguno, ni puede existir, para las afirmaciones tan graves y generales que se hacen en el artículo. En toda mi vida personal y profesional, en estos 55 años, no he tenido una sola investigación o solicitud de la misma, ni penal ni disciplinaria, pues el único valor que espero dejar a mis hijos es mi honestidad, que la publicación puso en tela de juicio.

No es justo que con afirmaciones no veraces, inexactas e indefinidas, no fundadas en hechos concretos, se me involucre en un negocio de extraños intereses económicos.

 Édgar González López.  Bogotá.

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