Si triunfa la tesis básica de los ex secuestrados que demandan al Estado, según la cual este último no cumplió su función constitucional de garantizar su seguridad y protección, ¿podrán entonces demandar también los 28 millones de compatriotas que viven entre la pobreza y la indigencia? ¿Lo podrán hacer, al menos, los 2’600.000 de desempleados?
Todos ellos pueden alegar que, por incumplimiento del Estado en derechos fundamentales, son víctimas de severos perjuicios materiales, económicos y morales, a través de los años. Derechos estos que cada gobierno de turno promete, de manera demagógica, sin de verdad cumplir.
Es de tener en cuenta que en este litigio los ex secuestrados demandantes son personas que no califican en la línea de pobreza, ni por debajo de ella. Menos aún como desempleados. De modo tal que si los que vivieron esta lamentable experiencia ganan su demanda, ¿no aplicaría aquí el derecho justiciero a un tratamiento igual para los millones de necesitados de compensaciones económicas?
Lo peor que podría ocurrir sería que a quienes menos les falta el dinero les concedieran las compensaciones reclamadas y, a los otros, si también demandan, se las negaran.
Carlos Bolívar Bonilla Baquero. Neiva.
De la selva a los estrados
Al mirar las noticias, correos y comentarios generales sobre la abortada audiencia de conciliación entre Íngrid Betancourt y el Estado colombiano, queda uno entre sorprendido, indignado y triste por el manejo ruin que la sociedad en general le ha dado al tema. Definitivamente somos un pueblo generoso para el odio, la envidia y la denigración, y bastante tacaño para escuchar, razonar, amar y tolerar. Íngrid ya no está en el infierno de la selva y encadenada por las Farc, su intento de indemnización abrió la caja de Pandora de la moral publica y despertó los mil demonios que hacen parte de nuestra sociedad.
Los colombianos somos bastantes particulares y confusos; si alguno de nosotros se levanta en armas o en insurrección contra el Estado, lo llamamos terrorista y le exigimos para escucharlo que se incorpore a la legalidad y haga sus reclamaciones por las vías establecidas en la Constitución y la ley; y si, como sucede en este caso, se utilizan las vías del derecho, aparece el “linchamiento” moral aunque la reclamación se haya tramitado por los mecanismos legales y constitucionales a que tiene derecho todo ciudadano.
Óscar Bermúdez B. Barranquilla.
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