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La ejemplar condena a 40 años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia al ex senador Álvaro García Romero, de cuyos fundamentos radicados en el respectivo expediente conociera el país gracias al amplio y oportuno informe de El Espectador...
La ejemplar condena a 40 años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia al ex senador Álvaro García Romero, de cuyos fundamentos radicados en el respectivo expediente conociera el país gracias al amplio y oportuno informe de El Espectador (“El mecenas de los paras”, 24-02-10), representa el esperado resarcimiento institucional de la dignidad de los habitantes de Macayepo (Bolívar), quienes sin tener otra disyuntiva distinta a sacrificar sus vidas o sus precarios bienes, fueran vencidos de forma cobarde y canallesca por la alianza criminal constituida por “ilustres” miembros de la élite política y agropecuaria de Sucre y los ángeles apocalípticos del paramilitarismo.
De otra parte, es la celebrada reanudación de los acuciosos fallos en los complejos procesos de la parapolítica, y que en virtud de estar afincados en la firmeza y la independencia de que hace gala la Corte, terminarán convirtiendo a los magistrados y sus familias en blanco certero de insólitos seguimientos e interceptaciones y burdos montajes, en los cuales aparecen seriamente involucrados no sólo varios directores del DAS sino altos funcionarios de Palacio.
En cuanto a la plena credibilidad conferida por la Corte Suprema a los testimonios y elementos probatorios aportados por delincuentes como Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri, es sumamente tranquilizador para el país y su débil democracia el poder confirmar que el relevante y sano criterio expuesto por el Alto Tribunal, se encuentra por fortuna a salvo de los argumentos leguleyos que suelen esgrimir mediáticamente algunos procesados y sus abogados. El regreso del ex senador Mario Uribe a la revelada laxitud de La Picota, es otra prueba fehaciente de ello.
Ramón Francisco García S. Ocaña.
Suicidio asistido
Muy bien por los jueces ingleses y sus nuevas guías para aplicar la ley del suicidio asistido. Poner el énfasis en las razones que llevan a una persona a ayudar a otra a morir permitirá avances sensatos en un tema complicado. No tiene sentido que quien por comprensión y humanidad ayude a otro a morir para escapar por lo general de una penosa enfermedad sea tratado como cualquier criminal. Qué lejos estamos en Colombia de legislaciones progresistas y acordes con los tiempos de hoy.
Ignacio Peña. Bogotá.
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