Universidades sin función social

Con la expedición del Decreto 2566 de 2003, las universidades se vieron obligadas a certificar cada uno de sus programas académicos, y la oferta de éstos quedó condicionada a la obtención del registro calificado que otorga el Ministerio de Educación Nacional.

Este decreto tiene como principal objetivo el mejoramiento de la calidad del servicio de educación superior en Colombia y en él se establecen las condiciones mínimas que requieren las instituciones de educación superior para ofrecer un servicio educativo de óptima calidad.

Ante esta situación, decenas de universidades de nuestro país lograron mejorar la calidad del servicio educativo, pero desafortunadamente algunas instituciones de la región Caribe tuvieron dificultad para lograr este objetivo, debido a la escasez de docentes-investigadores con Maestrías o Doctorado.

Pocas instituciones se comprometieron con la calificación docente y gran número de ellas eludieron esa responsabilidad a pesar de los compromisos adquiridos con las autoridades de la educación. Para obtener el Registro Calificado, las instituciones de educación superior mejoraron relativamente las relaciones contractuales de sus docentes, pero una vez obtenido éste, las condiciones desmejoraron de manera significativa.

Actualmente, los profesores tienen poca motivación para capacitarse y los que acceden a capacitación no reciben una retribución proporcional a su esfuerzo, dedicación e inversión. Los denominados docentes de planta o de tiempo completo están vinculados por medio de precarios contratos semestrales que remuneran únicamente ocho meses y que los dejan desempleados durante cuatro meses al año.

Algunas instituciones universitarias de nuestra región convirtieron el servicio educativo en uno de los negocios más rentables del mercado, y, amparados por la Ley 30 de 1992, explotan económicamente a profesores y estudiantes. Cada servicio, certificado o evento académico es traducido a la máxima expresión monetaria y la rentabilidad económica se antepone a la función social consagrada en la legislación.

Es indudable que han invertido significativamente en equipos, planta física, laboratorios y tecnología; no obstante, han degradado la actividad docente. El escalafón docente, así como los estímulos ofrecidos, no contribuyen a la motivación del profesorado y por el contrario de manera absurda se pretende que el docente sea vendedor, promotor, investigador, cobrador y administrativo. Los ingresos precarios y el tiempo de contratación obligan a los docentes a establecer tres y hasta cuatro vinculaciones simultáneas. Esto afecta de manera directa la calidad de la educación y la salud de los docentes.

 John William Pinedo López. Montería.

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