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Borrar del mapa al campesino

El anuncio se presenta como innovación, pero daría lugar a una involución perversa. Informa el ministro de Agricultura que en adelante se llamará a los campesinos “productores rurales” o “pequeños empresarios del campo”; dizque para suprimir el vocablo despectivo (campesinos) y elevarles el estatus. Pero el bando eliminaría la identidad de una fuerza social que representa el 28 % de la población, forja el territorio y sus culturas, teje las redes comunales del campo y alimenta a Colombia. Sabe el ministro que, en el poder, lo que no se nombra se invisibiliza: en la bruma quedan la historia de su gesta por la tierra y por los derechos de esa población, sus batallas contra la exclusión y el marginamiento político, su sacrificio como víctima propiciatoria de masacres, despojo y desplazamiento en el conflicto armado. Y en tinieblas, la reforma agraria.

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Si vuelo tiene esta avanzada de Gobierno, no será por la paternalista censura al vocablo “campesino”. ¿Querrá negarse, por enésima vez, la entrega de tierra al campesino (sin la cual no puede existir la economía campesina), sacrificarse el modelo alternativo a la producción agroindustrial de materias primas en gran escala? ¿Negar, por enésima vez, la reforma agraria, meca de todas las derechas que en Colombia han sido, en éste, el tercer país más desigual del mundo en propiedad sobre la atierra? ¿Negar el acto legislativo de 2025 que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional? Este reconocimiento obliga al Estado a asegurar la igualdad material de los campesinos, su acceso a la tierra y su participación en la vida pública, y dinamiza los procesos de propiedad agraria para la familia campesina. Hito legislativo en muchos años, la norma les quita a los campesinos, precisamente, el estatus de trabajadores agrarios.

La iniciativa del ministro desnaturaliza la condición del campesino como sujeto de derechos diferenciados. Porque reduce su compleja identidad social a la sola función de productor, mientras la protección constitucional interpela su identidad de campesino, sus derechos culturales, humanos y políticos, no apenas su función mercantil. No se trata, pues, de una mera cuestión semántica, se ventila aquí una decisión política.

Con el hundimiento de la reforma agraria de Carlos Lleras y de su aliado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en 1972, ganó la partida la agroindustria de gran propiedad sobre su émulo, la economía campesina. Pero a poco se disputaría su lugar el narcotráfico, que alteró las reglas del juego y transformó grandes predios improductivos dedicados al rentismo en corredores de comercialización de la droga, de lavado de activos y se asoció con poderes locales en acaparamiento de tierras. Por su parte, el conflicto armado, aguijoneado primero por el secuestro de hacendados a manos de guerrillas, integró el paramilitarismo a la guerra contrainsurgente, que resultó propiciatoria de una brutal contrarreforma agraria. Su víctima principal, el campesinado. Despojado a sangre y fuego de sus fundos por usufructuarios de aquella guerra, fue el gran damnificado: suya fue la mayor parte de lo expropiado y 70 % de los once millones de víctimas del conflicto son campesinos, a cuya desapacible condición de trabajadores del campo quieren devolver.

Declara Nilson Liz Marín, presidente de ANUC, a El País: “Nosotros no necesitamos mejorar el estatus. Necesitamos construir las políticas públicas donde se reconozca la labor imparable del campesinado (entre otras, para garantizar la comida de los colombianos)”. Y la revista Pacto agrega: el campesinado colombiano no es una mera categoría económica. Es una identidad histórica, política y cultural, la memoria de los despojados, desplazados, asesinados. La voz de los que han luchado por la tierra, por la soberanía alimentaria, por la dignidad.

Cristinadelatorre.com.co

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