“Ahora nuestro Pacto Histórico se ha fatigado y resuelve acudir al modelo del fascismo italiano, del franquismo español y de la constituyente estamentaria-criolla de Laureano Gómez”. La advertencia de Humberto de la Calle en su columna de El Espectador sacudió a amplios sectores de opinión. El remedio “anula al Congreso en favor de un soberano omnímodo”. Es un contragolpe de Estado, agregó, porque elimina todo valor representativo al voto de la oposición, anula el desacuerdo, mata el pluralismo y desmonta el principio liberal de representación política en cabeza del ciudadano. Se sabrá que receta del fascismo contra la democracia constitucional es el corporativismo dirigista del Estado autocrático bajo la égida del caudillo. Como otro recurso movilizador en campaña del progresismo, arrancó ya la recolección de firmas para convocar esta constituyente. Copia de la iniciativa sectaria, radical, que acaba de fracasar en Chile, responsable del descalabro electoral de la izquierda en favor del pinochetismo renacido en ese país.
Y, como si fuera novedad en la democracia plebiscitaria que danza sobre el sarcófago de los partidos, algún gesticulador sobreactuado presume de caudillo para quedarse en el poder. Sea de izquierda o de derecha. Convierte la legítima voluntad del pueblo y sus anhelos en pretexto para hacer reelegir a su persona (referendo de Uribe en 2002), o para hacer reelegir a la agrupación de su persona (Petro en 2026). Sí. Esta Asamblea tendría 71 delegados; 44 elegidos por voto universal y el resto entregado a “los pueblos” por el caudillo. El proyecto le da al presidente poderes para señalar los requisitos de los delegados, definir a cada grupo y su procedimiento interno para presentar listas. Todo un aparato al servicio del caudillo, dirá De la Calle. Salta a la vista su correlato, el ataque a los poderes Legislativo y Judicial, contrapeso al Ejecutivo moldeado en épica lucha de cuatro siglos para controlar los desvaríos y concupiscencias del gobernante. Y Petro asume: en manifestación del jueves llama delincuentes a los titulares del Congreso y de las Cortes: “si esto se llama democracia —dijo—, hay un constituyente y un constituido”.
El corporativismo que esta constituyente adoptaría organiza el Estado sobre grupos de interés profesional e identidades colectivas. Matiza la fórmula tradicional abalada por la Iglesia y que Uribe adopta, para diluir conflictos de clase y de ideas mediante asociación de contrarios en una sociedad orgánica, unívoca, indivisa, sin lucha social y política. A diferencia del expresidente, que ha propugnado una “economía cristiana, sin odio de clases”, acaso para dorar la píldora venenosa de su retardataria política laboral y la violencia de su Gobierno, Petro parece optar por el corporativismo dirigista del fascismo. Este coopta a corporaciones, gremios e identidades colectivas, las subordina y las trueca sin eufemismos en órganos del Estado autoritario. En 1939, presidió Mussolini en Roma la suplantación de la Cámara de Diputados por la Cámara de los Fascios y las Corporaciones, que se decía avanzada del derecho del pueblo italiano.
¿Se repetirá en Colombia aquella avanzada de “los pueblos” cooptados por una voluntad de hierro (candente)? ¿O, acaso, la reforma constitucional del Laureano franquista, para un Estado despótico con estamentos de poder entonces encarnados en los expresidentes y en el arzobispo de Bogotá como senadores vitalicios? ¿O el proyecto de constitución dictatorial que el mismísimo Simón Bolívar acariciara para la Gran Colombia? Y ¿qué dirá Iván Cepeda, candidato del movimiento que apadrina este proyecto de constituyente? ¿Qué versión suscribe el hombre epítome de la integridad democrática que informa su personalidad y sus luchas, ante este proyecto de constituyente? ¿Es el proyecto de Gustavo Petro suyo también?
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