Sí, la iniciativa de convocar una constituyente, parienta de la consulta popular, responde al espíritu social y participativo de la Carta del 91. Pero el procedimiento propuesto para citarla violenta el orden institucional porque suplanta al Congreso y a la Corte. Además, vehículo de un interés parcial, no del conjunto social, fractura el Estado de derecho. Así concebida, sería un golpe de Estado que apunte a un autoritarismo caudillista, dirá Humberto de la Calle. Apadrinada en exclusiva por un partido –como señala Antonio Navarro– y destinada a una franja exclusiva de la ciudadanía (los “desarraigados”) ignora al cuerpo social...
Conoce más