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Un valiente, verdugo de la parapolítica, el torrente documentado de su requisitoria desde la curul de senador en 2007 desembocó en cárcel para decenas de congresistas. La bancada uribista en pleno. Entonces el DAS declaró a Gustavo Petro objetivo militar, como acaba de confirmarlo Mancuso. Pero, ¡ay!, paradoja de la historia: en su afán de auxiliar a comunidades sitiadas por la violencia, en ausencia del Estado, promueve ahora como presidente la integración de guardias indígenas, cimarronas y campesinas, que bien pueden transformarse en autodefensas. En defensa armada.
Ya porque muten ellas de cuerpo civil de protección comunitaria a grupo beligerante, como las Convivir; ya porque el terror organizado del narcotráfico o de las guerrillas las coopte o las instrumentalice. Como sucedió hace un mes, cuando la disidencia de Iván Mordisco habría usado a la guardia campesina para hostilizar a una petrolera mediante el secuestro de 79 policías y el asesinato de uno de ellos. Como la insolente participación de guerrilleros del ELN y el EPL en movilizaciones de la ANUC en los años 70; pretexto de rechupete para que rugiera la caverna desde el poder y terminara por desmantelar, en persecución sangrienta, el más formidable movimiento campesino que surgiera en muchos años. Pero hubo guardias cívicas del campesinado que fueron cooptadas por esas guerrillas.
La amplitud del apartado que en la nueva estrategia de seguridad aboga por la “prevención, protección y autoprotección de comunidades” puede evocar la ancestral resistencia no violenta de comunidades para defenderse, pero puede también invitar a armarse y derivar en pavorosa medusa de paramilitarismo. Han renacido estas guardias populares en defensa del territorio, de la tierra, de derechos políticos y colectivos afirmados en cabildos indígenas, en consejos comunitarios, en juntas de acción comunal. La incursión de civiles en terrenos de la Fuerza Pública se remonta a 1965, cuando se crean juntas de autodefensa, seguidas de convivires y derivados de la Seguridad Democrática: redes de informantes y de soldados campesinos, reacomodo de paramilitares “desmovilizados” en empresas de seguridad privada.
Las autodefensas nacen en 1997 como legítima respuesta a la agresión de las guerrillas. Pero luego, convertidas en ejércitos del narcotráfico, trazan un cuadro patológico de inhumanidad y sevicia, como que en sus escuelas de entrenamiento enseñan a descuartizar personas vivas. Fueron a un tiempo cuerpo paralelo de contrainsurgencia del Estado y fuerza armada de las mafias.
Las Convivir, por su parte, resultaron de antiguas cooperativas de seguridad rural, fueron legalización de la justicia privada y germen de autodefensas. Fachada de grupos paramilitares que “expandieron sus redes criminales a sectores económicos, políticos y estatales”, dirá el Tribunal de Justicia y Paz. Recibieron del Estado armas y aparatos de comunicación de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Muchas de ellas en cabeza de jefes paramilitares, llegaron a 529 en 24 departamentos y 120.000 integrantes. Ante este tribunal declaró Éver Veloza, alias HH: “No nos digamos mentiras, todas las Convivir eran nuestras”.
He aquí el peligro que la proliferación incontrolada de guardias entraña: la privatización de la seguridad ciudadana. En homenaje a la hazaña de sus denuncias, en vez de inducir la suplantación de la Fuerza Pública, debería el presidente devolverle sus fueros al Estado. Y, lejos de transigir con la largueza del entonces gobernador Uribe hacia las Convivir, blanco de sus reproches, suscribir la negativa de Germán Villegas, gobernador del Valle, cuando se le pidió autorizarlas: se negó, “porque existe un peligro en el desbordamiento de sus acciones y porque creo firmemente que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”.
