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Hoy, como ayer, se trata de vencer odios y violencias. Pero las diferencias son cruciales: el Frente Nacional fue un pacto de reconciliación entre élites de los viejos partidos que les entregó en exclusiva el poder total del Estado. Hoy, en cambio, un acuerdo deberá partir de reconocer el derecho a la alternación en el Gobierno, ganado en las urnas por la Colombia olvidada que en años y años no viera ondear reformas elementales, siempre castradas por la sociedad del privilegio. Cosa distinta será el sueño radical, antidemocrático, de invertir la ecuación del poder para instaurar un despotismo del “pueblo” sobre el resto de la nación: una hegemonía irreductible, espejo de la instaurada por las elites desde el principio de los tiempos. El acuerdo será hoy para propiciar elecciones en paz y para concertar un horizonte de desarrollo social y económico capaz de dignificar la ciudadanía colombiana. Un acuerdo político y programático.
Como si a Lleras y Gómez se les hubiera aparecido la Virgen, sortear la violencia política y la dictadura parecieron justificarlo todo: reemplazaron la hegemonía de un partido sobre el otro por la hegemonía de ambos contra la masa flagelada. En línea con la Guerra Fría, el Frente Nacional persiguió por “comunista” a todo antagonista del Gobierno. Paridad en todos los poderes públicos y alternación programada de antemano fueron paspartú del régimen en cabeza de una elite modernizante que concedió reformas sociales a cuentagotas, negó con sangre la agraria, usurpó los recursos del Estado y merodeó en la industrialización que despuntaba en el subcontinente.
Muy otra es nuestra violencia en 2025. Acicateada por una Paz Total que disparó el poder criminal de una miríada de grupos armados sobre el territorio, esta lubrica con insultos el choque entre partidos, gremios económicos, organizaciones sociales y poderes públicos. Pero el tono es sólo síntoma de una crisis institucional que amenaza con bloquear el diálogo en las esferas del poder. Crisis agudizada esta semana con el anuncio del presidente de que convocará consulta popular por encima del Congreso y de las Cortes: una medida inconstitucional que ha concitado rechazo general, aún de las más prestigiosas ONG de izquierda. Héctor Riveros, constitucionalista afecto al Gobierno, declara que con ello subvierte el presidente el orden constitucional.
A la crisis tributa también la pulsión del presidente Petro de volver el suyo un Gobierno de partido (revanchista, endogámico, inoperante hasta malograr sus propias políticas), apoyado en la precaria mayoría que le dio el triunfo electoral. Y tributa el empresario precandidato Santiago Botero al postular que hoy no hay protesta social sino bandidos a los cuales les dará “balín”. Advierte la Arquidiócesis de Bogotá que romper los límites de tolerancia puede desembocar en guerra civil.
Un Acuerdo Nacional se impone. Y no apenas para garantizar elecciones en regla sino para suscribir el paradigma de una patria para todos. Angélica Lozano trazó parámetros de una negociación laboral que bien podrán proyectarse, verbigracia, a la concertación de un nuevo modelo de desarrollo mediante la reindustrialización del país: “Todos ponen, todos ceden, nadie impone”, son referentes del diálogo civilizado en democracia. Quince senadores de la Comisión Cuarta, con todas sus diferencias, acordamos una reforma laboral justa y de fondo; fue un ejercicio de alta política, concluyó.
Y es que la democracia principia por el fair play: se asienta en reglas del juego suscritas por todos, para tramitar acuerdos y conflictos sin violencia. Su contrapartida, la autocracia, y de esta estamos saturados, asfixiados en la prepotencia de las élites: de la vieja y de la recién llegada que quiere, como sus mayores, imponerse a puño limpio. O quizás a bala, como aquella.
