En ejercicio paralelo al de la jueza Sandra Heredia, los colombianos reafirmaron su derecho de sanción ética y política a adalides de los bandos enfrentados en un conflicto que ha cobrado la vida a mares de inocentes. Este proceso aguzó el despertar de la conciencia colectiva sobre la verdad del conflicto, el suplicio del país y el dolor de las víctimas. Sanción social contra el expresidente Uribe y contra la cúpula de las FARC, para comenzar, por su responsabilidad última en crímenes de guerra y de lesa humanidad, que en Colombia tocaron fronteras patológicas de crueldad. Y se presentaron ya como cruzada patriótica de la Seguridad Democrática, ya como gesta de la revolución. O mediados por procesos derivados: tras la manipulación de testigos que se endilga a Uribe habría obrado la creación de un bloque paramilitar. Los hechos niegan toda legitimidad a políticas de los gobiernos de Uribe que liaron al DAS con paramilitares y lo convirtieron en policía política. O a la directiva que desencadenó la barbaridad de los falsos positivos: 6.402 ciudadanos asesinados a sangre fría para sumarlos artificiosamente a bajas guerrilleras. Que se sepa. Esta semana condenará la JEP a 12 exmilitares del batallón La Popa por la comisión de 135 falsos positivos.
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Mas no fueron aquellos gobiernos y sus determinadores últimos los únicos en perpetrar atrocidades. Esta semana dictará sentencia la JEP también contra la plana mayor de las extintas FARC por secuestro y por reclutamiento de menores, a menudo con tortura, abuso sexual y aborto forzado. 41 mandos de esa organización imputados por alistamiento de 18.000 menores dijeron su verdad y se reconocieron responsables del daño causado a las víctimas, a sus comunidades y a su territorio; responsables “por la herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”.
Sanción judicial a un tiempo para exmilitares y exjefes guerrilleros. Con una diferencia crucial: los seis miembros del antiguo secretariado de las FARC se declaran responsables últimos de los crímenes señalados y dispuestos a cumplir las sanciones de la justicia. También aceptan cargos y condenas los exmilitares de La Popa; pero no los implicados en última instancia en aquel Gobierno, el presidente-jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sobre quien recaería la responsabilidad política. Como recae en el mando supremo de las FARC. Ejemplo de gallardía da a sus superiores el exmilitar imputado por falsos positivos Ever Hernán Gómez; sobre el proceso judicial y las sanciones sobrevinientes, dice: “Este es un paso clave para la dignidad, la memoria y la construcción de una paz real (…); es una deuda ética que he asumido con las víctimas, con la historia y con el país”. Acoge el principio constitucional que asigna a los servidores públicos responsabilidad por omisión o por extralimitación de sus funciones.
Este juicio zanja una discusión, declara Iván Cepeda, contraparte del juicio a Uribe. Y agrega: quedan nítidamente establecidos los hechos y las limitaciones del poder arbitrario, pero no es una venganza, ni persigue condena y cárcel para el expresidente; “lo que nos mueve es la verdad, la dignidad y el respeto”. Pueda ser —agrega— que, si el fallo le es adverso, se avenga el expresidente a la verdad, única puerta de entrada a la reconciliación que derive de un acuerdo político nacional.
Invita el jurista Hernando Llano a no votar más por líderes que pactan con grupos ilegales o poderes de facto, camino seguro hacia una doble impunidad: la penal y la política. “Más allá de (esta) sentencia judicial, lo que se definiría es si como sociedad seguimos tolerando la impunidad o si rompemos el vínculo entre política y crimen”. Meca luminosa de un juicio de la sociedad a la guerra sucia que se ha librado desde todos los flancos, con ferocidad inaudita, contra la población.
