Tenía que estallar en llamas México tras la caída del jefe del cartel de Jalisco para que Colombia, su coteja en la punta del narcotráfico mundial, se supiera también víctima del pacifismo edulcorado y de la tolerancia con criminales nefandos que robustecían un Estado paralelo instaurado por el narco. La alegre liberalidad revolucionarista de un López Obrador con su consigna de “abrazos, no balazos” y la de un Petro con su Paz Total reforzó el poder de grupos criminales sobre territorios enteros y sus gentes, combinando violencia con recursos de poder de Estado, asalto al erario, control de la economía local y cooptación de círculos políticos cuyas campañas electorales financian a manos llenas, para asegurar permanencia en el poder.
El caos, el terror y el miedo que en 20 de los 32 estados mexicanos siguieron a la muerte del Mencho evocan la violencia en gran escala, la impiedad de Pablo Escobar en nuestra tierra. Casas de pique, tortura, violaciones, asesinatos, hornos crematorios y fosas clandestinas parecen muñones de las del narcoparamilitarismo colombiano que prolongó por décadas a los carteles fundadores. Asociaciones de mujeres buscan en México a 124.000 hijos desaparecidos y, en Colombia, a 132.000.
Pocas dudas quedan del impulso que la Paz Total dio de buena fe a la consolidación de gobernanzas criminales en Colombia. Aparte de la libertad de expansión que recibieron los grupos armados por ceses del fuego que maniataron sólo a la Fuerza Pública, esta política arrancó reconociéndoles carácter político a los grupos armados, recordará Gustavo Duncan. Bien porque aventuraran todavía ideas revolucionarias, como el ELN, bien porque se les reconociera que gobernaban territorios locales, como las disidencias y reincidencias, por el poder que ostentaban en la sociedad mediante la coerción y el crimen. Y aquí el reconocimiento era más débil. En cambio, a los Gaitanistas y otros grupos tenidos por criminales sólo se les reconoció mando y gobierno, y su única opción fue el sometimiento. El Gobierno apuntó a neutralizar en todos la capacidad coercitiva. Pero el modelo fracasó.
Ante el revés de la Paz Total, ¿qué dicen los tres candidatos que según Invamer se disputarán la presidencia? Iván Cepeda se declara orgulloso de haber trabajado siempre por la paz, pues ella es un deber constitucional. Pero, dice, hay que articular la política de seguridad con el desarrollo en los territorios y garantizar presencia integral del Estado en ellos. Para Claudia López el conflicto armado político terminó con la desmovilización de las FARC y lo que hoy tenemos es crimen organizado dedicado a economías ilícitas. Suspendería las actuales mesas de diálogo y las gabelas concedidas por la Paz Total. Fortalecería la Fuerza Pública y crearía una fiscalía antimafia que capture a los armados y los obligue a devolver lo robado y a entregar las armas. Y, por supuesto, desarrollar las reformas que la gente demanda. También De la Espriella critica la Paz Total e invoca la seguridad de Álvaro Uribe. Anuncia, en vez de diálogo, mano dura y fortalecimiento de la Fuerza Pública. “Todo bandido que no se someta a la justicia debe ser dado de baja” o encarcelado, dijo en Caracol.
En México y en Colombia, dice el general Naranjo, las políticas de apaciguamiento resultaron contraproducentes, pues fortalecieron a los carteles en multiplicación de armas, efectivos y control territorial. Retoma el símil del garrote y la zanahoria y acción plena del Estado en todo el territorio. Un reto para Colombia será desmantelar el Clan del Golfo, aliado supremo del cartel de Jalisco en la región. Propone estructurar estrategias transnacionales para combatir un crimen transnacional. Ahora se trataría de desmantelar los carteles de la droga para preservar la gobernabilidad democrática. Sí, desmontar el Estado paralelo del narco.
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