Perder la soberanía sobre el 60 % del territorio a manos del crimen organizado es bordear el abismo que conduce a un Estado fallido. Cohonestar por inacción esta realidad —como lo hace nuestra dirigencia política— es plegarse a una crisis en ciernes acaso sin antecedentes en esta democracia. Pero sus altezas reales Uribe y Petro, flamantes jefes de las dos minorías mayores de nuestro sistema político (las extremas a derecha e izquierda), convierten en espectáculo de revanchismo personal una campaña llamada a proponer antídotos al desastre: el antídoto de una estrategia integral y sostenida de paz, seguridad, justicia y desarrollo ejecutada a la par por el Estado y las comunidades. Como lo pide sin cesar la Defensora del Pueblo.
No contento con haber tributado en abundancia al dominio de los armados ilegales en tres años de Paz Total, el presidente Petro hace repulsa ahora a la acción de la Justicia, pilar de la Seguridad, cuando la Fiscal General le pide autorizar la captura de Calarcá, jefe de disidencia con la cual se dialoga, pese a que porfía en sus crímenes: asesinato de la mayora Carmelina Yule, masacre de 26 personas en Guaviare y de 6 uniformados en Antioquia, dirección de acciones para copar territorios en Meta, Caquetá y Guaviare. Y opone resistencia a idéntico pedido sobre otros jefes del grupo armado, alias Andréi, Richard y John Mechas.
El expresidente Uribe, por su parte, cuando no levita como Petro en autocomplacencias de su excelsa persona, denuesta cualquier insinuación de reforma agraria. Y aboga por preservar el pasado que dio lugar a la usurpación sangrienta de tierras, con saldo de 10 millones de víctimas en el tercer país más desigual del mundo. Víctimas humilladas esta semana por ausencia en pleno del Congreso al homenaje que las hubiera honrado: 18 de 296 congresistas permanecieron en la sesión. Pudo más su aventura promesera de campaña aún en dominios de disidencias, elenos y Clan del Golfo.
Para rescatar los territorios usurpados, impulsar su convergencia y convertir la ruralidad en eje del desarrollo nacional, un viraje se impone en el campo, desde el sector agropecuario, fuente principal de ingresos y de empleo en el país, sostienen los analistas Angela María Penagos y Diego Bautista. Se trata de consolidar los sistemas agroalimentarios como motores del crecimiento; de vencer la pobreza y las desigualdades en el campo, un tercio de cuya población sufre inseguridad alimentaria y donde 80 % de la fuerza laboral son jornaleros y trabajadores por cuenta propia que en promedio devengan $ 580.000. La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz no da espera, con sus metas de redistribución y formalización de la propiedad y con el catastro multipropósito como eje de planificación. Se trata de elevar la productividad del sector integrando los pequeños productores a cadenas de valor, con crédito formal, asistencia técnica derivada de articular la política agropecuaria con el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde converjan también gobiernos locales y comunidades. El fin, consolidar “una institucionalidad que convierta la planificación en ejecución y los recursos en resultados tangibles”. Todo ello desde un pacto político y fiscal para construir un nuevo contrato social territorial.
Mas este horizonte sólo podrá abrirse si se acompaña de nuevas políticas de paz y seguridad que devuelvan al Estado su soberanía en todo el territorio, y rompan las cadenas que someten poblaciones enteras a la dictadura de mafias de economías ilegales. Que devuelvan su poder, su moral, su presupuesto y su capacidad de acción a las Fuerzas Armadas, sin cuya tarea todo diálogo de paz queda condenado al fracaso. En esta hora aciaga, ¿podrá esperar Colombia de sus “caudillos” una salida distinta de la de trocar sus odios y vanidades en altar de la república?
