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No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo, y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo desaparece, mutila, tortura, desmiembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína, plato suculento para bandas de todo jaez que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes: es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad, por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego; y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rigts Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra: hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
