Si frente a Jineth Bedoya (ejemplo de pundonor y de valor civil) voceros del Estado lo convirtieron en planta rastrera, a planta carnívora lo degradaron en el conflicto muchos de sus uniformados. Ya como padre ausente, ya como máquina de guerra, ya como aliado del paramilitarismo, el Estado derivó a menudo en enemigo mortal de la población. A instancias de 176 organizaciones sociales y de derechos humanos, el Tribunal Permanente de los Pueblos emplazó esta semana al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad de sus autores.
Este organismo de opinión de carácter internacional es reedición del Tribunal Russell que, apuntalado por el filósofo inglés y Jean Paul Sartre, puso en boca del mundo la deriva criminal de Estados Unidos en Vietnam y las atrocidades de dictaduras como las del Cono Sur. Investiga, juzga y difunde sus sentencias sobre violencias que los Estados ignoran; y funda su autoridad en la aclamada prestancia de sus miembros. Fiscales de ésta, su tercera sesión en Colombia, son Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que presidió el proceso contra la parapolítica y la exfiscal Ángela María Buitrago. Sus sentencias llegarán a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CPI.
Último botón de muestra en su recorrido de un siglo sobre exterminio político y de comunidades que luchan por los derechos humanos, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por la tierra despojada y por sustitución de cultivos en Colombia: en menos de tres meses de este año hubo 21 masacres, asesinaron a 35 líderes sociales y a 12 firmantes de paz. Sólo en 2020 las masacres fueron 85. Desde la firma de la paz, en cuatro años, los líderes asesinados pasan de 1.300.
Remontarse al pasado reciente es redescubrir con horror que la cooperación y la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares no fueron episódicas sino costumbre. Tal el papel de miembros del Ejército y la Policía, agentes por antonomasia del Estado, fermentados en la ideología contrainsurgente de la Guerra Fría; y desfigurados por la cúpula del poder hasta producir a sangre fría 6.402 falsos positivos (que podrían llegar a 10.000). Fuente inagotable de ilustración y análisis de esta guerra será el Centro Nacional de Memoria Histórica, en mala hora entregado a un proyecto de historia oficial.
Según el CNMH, en esta guerra la violencia de la Fuerza Pública se centró en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza. Si a ella se le adjudica el 17,3 % de masacres, de muchas otras será corresponsable entre el 58,9 % adjudicado a los paramilitares. Si soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado perpetraron el 42,1 % de desapariciones forzadas, corresponsables serán en gran medida de otro tanto atribuido a sus socios. Se pregunta un sobreviviente de San Carlos, Antioquia, municipio cuya población redujeron los violentos de 25.000 a 5.000 habitantes: “cómo se explica uno que aquí, en pleno parque, a media cuadra del comando (del Ejército) tengan una base los paramilitares, donde tienen gente detenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.
Diecinueve congresistas reclamaron presencia del alto Gobierno en las sesiones del Tribunal. Que no serán sus conclusiones un canto a la bandera lo sugiere el resultado de una investigación presidida por el reputado historiador Vincent Duclert, según la cual Francia “cerró los ojos” frente al genocidio de Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas. El presidente Macron se comprometió a vencer la impunidad de los responsables. ¿Asumirá Iván Duque, jefe de Estado, responsabilidades, o seguirá contemplando impertérrito el baño de sangre y tratando con indulgencia a sus autores intelectuales?
Si frente a Jineth Bedoya (ejemplo de pundonor y de valor civil) voceros del Estado lo convirtieron en planta rastrera, a planta carnívora lo degradaron en el conflicto muchos de sus uniformados. Ya como padre ausente, ya como máquina de guerra, ya como aliado del paramilitarismo, el Estado derivó a menudo en enemigo mortal de la población. A instancias de 176 organizaciones sociales y de derechos humanos, el Tribunal Permanente de los Pueblos emplazó esta semana al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad de sus autores.
Este organismo de opinión de carácter internacional es reedición del Tribunal Russell que, apuntalado por el filósofo inglés y Jean Paul Sartre, puso en boca del mundo la deriva criminal de Estados Unidos en Vietnam y las atrocidades de dictaduras como las del Cono Sur. Investiga, juzga y difunde sus sentencias sobre violencias que los Estados ignoran; y funda su autoridad en la aclamada prestancia de sus miembros. Fiscales de ésta, su tercera sesión en Colombia, son Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que presidió el proceso contra la parapolítica y la exfiscal Ángela María Buitrago. Sus sentencias llegarán a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CPI.
Último botón de muestra en su recorrido de un siglo sobre exterminio político y de comunidades que luchan por los derechos humanos, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por la tierra despojada y por sustitución de cultivos en Colombia: en menos de tres meses de este año hubo 21 masacres, asesinaron a 35 líderes sociales y a 12 firmantes de paz. Sólo en 2020 las masacres fueron 85. Desde la firma de la paz, en cuatro años, los líderes asesinados pasan de 1.300.
Remontarse al pasado reciente es redescubrir con horror que la cooperación y la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares no fueron episódicas sino costumbre. Tal el papel de miembros del Ejército y la Policía, agentes por antonomasia del Estado, fermentados en la ideología contrainsurgente de la Guerra Fría; y desfigurados por la cúpula del poder hasta producir a sangre fría 6.402 falsos positivos (que podrían llegar a 10.000). Fuente inagotable de ilustración y análisis de esta guerra será el Centro Nacional de Memoria Histórica, en mala hora entregado a un proyecto de historia oficial.
Según el CNMH, en esta guerra la violencia de la Fuerza Pública se centró en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza. Si a ella se le adjudica el 17,3 % de masacres, de muchas otras será corresponsable entre el 58,9 % adjudicado a los paramilitares. Si soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado perpetraron el 42,1 % de desapariciones forzadas, corresponsables serán en gran medida de otro tanto atribuido a sus socios. Se pregunta un sobreviviente de San Carlos, Antioquia, municipio cuya población redujeron los violentos de 25.000 a 5.000 habitantes: “cómo se explica uno que aquí, en pleno parque, a media cuadra del comando (del Ejército) tengan una base los paramilitares, donde tienen gente detenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.
Diecinueve congresistas reclamaron presencia del alto Gobierno en las sesiones del Tribunal. Que no serán sus conclusiones un canto a la bandera lo sugiere el resultado de una investigación presidida por el reputado historiador Vincent Duclert, según la cual Francia “cerró los ojos” frente al genocidio de Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas. El presidente Macron se comprometió a vencer la impunidad de los responsables. ¿Asumirá Iván Duque, jefe de Estado, responsabilidades, o seguirá contemplando impertérrito el baño de sangre y tratando con indulgencia a sus autores intelectuales?