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No pierde la sociedad su capacidad de reacción. Ni muda ni maniatada ante la violencia sexual que se ejerce contra nuestras niñas y niños, rechaza la opinión el nombramiento de Daniel Mendoza, supuesto instigador de ese delito, como embajador en Tailandia. En esta Colombia del Sagrado Corazón, que naturalizó al narcotráfico como medio de ascenso social y lo incorporó al poder del Estado, reconforta la oleada de voces que se alzan contra el principio de hacer plata como sea, ahora robustecido por la ética que asocia sin dolor negocio y crimen. Enriquecimiento regado de muertos en cada operación de narcóticos que corona, también destruye la vida de miles de infantes esclavizados en explotación sexual. El Instituto Nacional de Salud documenta 34.842 casos de violencia sexual, la tercera parte contra niñas menores de doce años. En Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Palmira, en Medellín, ciudad donde se detiene Carol Ann Figueroa, editorialista de La Píldora, para auscultar la desgarradora realidad.
Contra el nombramiento de Mendoza debuta Iris Marín, defensora del Pueblo, por haberse mostrado él reiterada y públicamente afecto a relaciones sexuales con niñas. En la contraparte, defiende el presidente a su elegido y, en nombre de la libertad de amar, lo llama “emancipador”. Soy un demócrata radical, dice Petro, no un fascista; ¿cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor?. Complacerse en relaciones sexuales con niñas o con adultas previamente drogadas no es amor, replica Marín, son modalidades de violencia sexual. Nuestro Estado, remata, no puede convertirse en dolorosa caricatura de la cultura violenta.
Acompañan a la defensora Laura Gil, embajadora ante la ONU para Política Global de Drogas, y Arlene Tickner, embajadora para Asuntos de Género y Política General Feminista. Estiman ellas que las publicaciones de Mendoza constituyen violencia de género y que bien haría el agraciado con renunciar al cargo ofrecido. Y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, condena la misoginia de Mendoza, otra de las violencias patriarcales.
Para la analista Figueroa, ser mujer aquí es correr más riesgo de vender por la fuerza la virginidad, o una relación sexual, o una fantasía sexual actuada ante una cámara. 93 % de las 4.921 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía de Antioquia explotación sexual infantil en los últimos catorce años vieron periclitar su caso judicial sin pena ni gloria; sólo un 7 % fructificó. Señala informe de Cuestión Pública que el fenómeno se ha salido aquí de control, y las autoridades hacen poco o nada por detenerlo. Sorprende el perfil de los empresarios que montan la red del negocio: un padre de familia, un político, un trabajador social, un profesor de deporte, un policía.
Informó La República que la industria webcam estaría reportando 600 millones de dólares en ganancias al año por el trabajo de 10.000 estudios instalados en Medellín, Cali y Bogotá. Si Cartagena se lleva las palmas, afirma Figueroa que en Antioquia la cultura traqueta se camufla con la cultura de la familia, la religión y las buenas costumbres, mientras parte sustancial de sus dirigentes y de la población saca pecho por considerarse “prueba viviente de la pujanza, la innovación y la berraquera” que atraen al extranjero que invade sus ciudades. El narcotráfico, concluye nuestra analista, dejó más que dinero: una cultura que, más allá de la cosa estética o musical, cierra los ojos para no ver la tragedia de sus niñas, niños y adolescentes y deslumbrarse, en cambio, en el fulgor del oro.
Sea la renuncia de Daniel Mendoza al cargo ofrecido otra cortina que se descorre al escenario de dignidad que el país reclama, y a la autocrítica del presidente Petro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Felicidades a los amables lectores.
