No parece casual que un miembro de Salvación Nacional y exmilitante del uribismo —el abogado Julián Rocha— proponga derogar el Acuerdo de Paz que desmovilizó a 13.000 guerrilleros, dizque para vencer la violencia y recuperar la seguridad. Como si a la paz se arribara suprimiendo precisamente la norma constitucional y las leyes que la sustentan y permiten implementarla. Pero el fracaso de la Paz Total, el infame asesinato de Miguel Uribe y la brutalidad de las bandas armadas contra uniformados del Estado y contra la población civil le vendrán a esta derecha como maná del cielo para poder vociferar odios, retaliaciones e invocaciones de “dar balín”, instaurar la pena de muerte, “destripar” y “erradicar” a “esa plaga” de la izquierda. Y no menos provocador se mostrará el Gobierno; pese a que las acciones terroristas perpetradas en Amalfi y Cali con saldo de 19 muertos y 78 heridos resultan, entre otros factores, de una estrategia de seguridad fallida. Los ceses de la Paz Total les permitieron a los armados ajustar su control social y económico en el territorio y acudir al terrorismo, que sólo cabe allí donde la razón política se ha trocado por el crimen.
Mas, como si nunca hubieran acudido al terror en la caverna, la propuesta de derogar el Acuerdo de Paz despierta allí un júbilo discreto. Es que la extrema derecha tal vez no se resigne a una paz cifrada en la verdad que compromete a núcleos poderosos de la élite en un conflicto que desbordó la acción contrainsurgente para encubrir una contrarreforma agraria y desplegarse como violación masiva de derechos humanos. No se resigna a una paz con reforma agraria que restituye sus tierras a las víctimas, entrega tres millones de hectáreas al campesinado y contempla un catastro que formaliza la propiedad en el campo y recalcula su impuesto predial. Le parecerá anatema una paz que involucra desmovilizados en la solución del narcotráfico y ordena al Estado desmontar las grandes coartadas financieras del negocio.
Sí, el Acuerdo debe de resultarles intolerable a fuerzas que consolidan su poder en la guerra, no en la paz: las FARC renuncian a la lucha armada, entregan las armas y se pliegan a la democracia, mientras el Estado ofrece justicia restaurativa con verdad y reparación a las víctimas del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla. Habrá amnistía para delitos políticos, no para crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Estado velará por los derechos de la oposición y se compromete a ejecutar una reforma agraria integral.
Este tratado de paz no ofrece antecedentes en el país y ha sido referente de muchos otros en el mundo. Pero casi nada hizo el Estado por implementarlo: los armados llegan hoy a 22.000 hombres y están en la mitad de los municipios. Responsabilidad de los Gobiernos Duque y Petro. El primero, por su política de hacer trizas la paz; el segundo, por seguir congelando su implementación. Hasta cuando el abandono de los territorios y el debilitamiento de la Fuerza Pública hacen crisis y la violencia crónica salta a terrorismo.
Dramática disyuntiva: derogar el Acuerdo de Paz con todo su potencial transformador hacia una democracia más sólida, o bien, regresar a la Seguridad Democrática que debilitó a las FARC hasta empujarlas a la mesa de negociación, pero a costa de una tragedia humanitaria. Porque aquella cruzada derivó en guerra sucia con protagonismo del paramilitarismo aliado de políticos, funcionarios públicos y militares; derivó en saga de masacres, desapariciones, desplazamiento, despojo de seis millones de hectáreas, secuestro y tortura de la guerrilla, falsos positivos y un largo etcétera de dolor que impone la pregunta de la hora: ¿implementar la paz y replantear la estrategia de seguridad, o bien, derogar la paz y volver a la guerra declarada, sueño dorado de la ultraderecha?
