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El anuncio de la jueza Sandra Heredia es una revolución porque ha tocado la justicia a un intocable. Un sismo en este país de presidencia imperial, donde cada afirmación de democracia desbarranca poderes ancestrales forjados en hierro. Ha vencido ella, la balanza de la justicia en su mano, los subterfugios del político más poderoso y temible en décadas. Lo sentencia a 12 años de prisión, ocho de inhabilidad para ejercer cargos públicos y le impone multa de $ 3.444 millones. El derecho no puede temblar ante el ruido —declara ella—; la justicia no se arrodilla ante el poder, pues todos somos iguales ante la ley. Si le prodigó al acusado respeto y consideración en el juicio, no le tembló la voz para llamarlo al orden cuando este quiso excederse: “Limítese a contestar lo que se le pregunta en el marco de la imputación; no vino usted a hacer aquí un discurso político, ni nos interesa su biografía”. Este juicio fracturó mitos y reivindicó a la institución misma de la Justicia.
Se cuidó de entreverar intereses políticos, pero sus proyecciones son políticas, sobre una campaña electoral que radicaliza el choque de caudillismos labrados en un Estado de opinión donde las ideas naufragan en torrente de vanidades, amenazas, rabias, odios, miedos, prejuicios y revanchas. Se baten Petro y Uribe sobre la tacada de su importante persona. Evocando tragedia, proceden las cruzadas desde la creación del mártir (Uribe, víctima de persecución política) y del héroe (Cepeda, antagonista triunfal en el juicio). Pero en el trasfondo medran los resortes históricos del duelo: en la derecha, combate al “narcocomunismo” (ahora de este Gobierno); en la izquierda, el espectro criminal que habría rodeado a Uribe cuando de contrarreforma agraria, conversión del DAS en policía política y falsos positivos se trató. En todo caso, abre la reacción su ofensiva con virtual insubordinación contra la justicia.
Afirma exaltado el expresidente que en este juicio predominó la política sobre el derecho, para condenarlo. Gabriel Vallejo, presidente de su partido, fustiga el “montaje judicial” tendido por adversarios políticos para instrumentalizar la justicia contra él. Se ondea la bandera emocional del victimismo para reforzar la identidad de partido, cohesionar al uribismo y buscar alianza con sectores independientes y de centro. El Centro Democrático busca capotear su crisis de partido caudillista con jefe caído en desgracia, pero movimientos de tal naturaleza no sobreviven a esa debacle. A no ser que reformulen discurso y estrategia, diversifiquen el liderazgo y enganchen nuevos prosélitos.
La apuesta de esta ultraderecha para 2026 ganaría credibilidad si otros de su estirpe y la centroderecha se le sumaran. Difícil. Porque ningún demócrata querrá deslegitimar a la justicia que habla hoy por el fallo contra Uribe. El centro político respeta la independencia de la justicia y la institucionalidad democrática. Dijo Humberto de la Calle: “Es imperativo, más que nunca, proteger el respeto nacional e internacional a la justicia”.
También debilita a la ultraderecha el atractivo de la propuesta de reconciliación de Iván Cepeda: que a justicia transicional concurran expresidentes, empresarios y medios de comunicación para aclarar su participación en las atrocidades del conflicto, pues la responsabilidad final deberá recaer en quienes han dirigido el Estado; y arribar a un punto final basado en la verdad supondría un acuerdo político nacional. Mas no para repetir el pacto de silencio suscrito entre elites de los partidos enfrentados en la Violencia, diría yo, arreglo que protegió en la impunidad a los grandes promotores del horror. No más pactos de silencio que escondan la inhumanidad de las violencias. Devolverle su potencia y dignidad a la justicia, como lo ha hecho la jueza Heredia, es paso decisivo en esa dirección.
