Caraduras, estas élites. Tuvieron que gritarlo la FAO y el DANE para que el establecimiento musitara una sílaba, exculpatoria, sobre el horror que significan sus revelaciones: por falta de plata, 15,5 millones de colombianos no comen lo necesario para sobrevivir en salud y 2,6 millones de ellos padecen hambre sin tregua. La costa Caribe, epicentro del despojo de la tierra campesina que concentró aún más la propiedad rural y agudizó la pobreza, lleva la peor parte: la mitad de sus pobladores tienen hambre. Como en los países menesterosos del Tercer Mundo, sucede en este, el segundo más desigual del continente. Al tiempo, tuvieron que cantarlo ocho oficiales del Ejército a instancias de la JEP en Dabeiba para derrotar el negacionismo de los responsables políticos del genocidio encarnado en 6.402 asesinatos de civiles presentados como bajas de las FARC en la guerra contra ellas. La mayoría, en el gobierno de Uribe, supuestamente a instancias del general Montoya, excomandante del Ejército que, según los comparecientes a la audiencia, exigía litros, carrotanques, ríos de sangre. Muertos, como fuera.
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Huevos incubados en el mismo nido —falsos positivos y hambre por marginalidad, corrupción y despojo de tierras— parecen retocar un lienzo común: el formato de la violencia como sistema, tan caro al añoso poder hacendario que, cuando no vistió de paternalismo sus crueldades, las desnudó sin pudor. Que, a fuer de guerra contrainsurgente, contrajo a bala su política de seguridad, ejecutó una contrarreforma agraria a muerte y, allí donde más se ensañó, disparó el hambre. El hambre, hija del desempleo, de la informalidad, de la precariedad del ingreso o de su falta absoluta. Hija del asalto a bienes públicos y fundos campesinos por las gavillas más avezadas de la gente de bien.
Tras la muelle indolencia de los apoltronados en el sistema de abuso y privilegio que se asume como sino natural, escurren el bulto los responsables últimos de falsos positivos. Por cobardía, por miedo a la verdad y al castigo. A la verdad develada en Dabeiba ante sus víctimas: los falsos positivos no fueron hecho fortuito de algún díscolo uniformado; fueron estrategia oficial, sistemática de seguridad, política institucional de un gobierno que encarnaba a un tiempo la jefatura suprema del Estado y de las Fuerzas Armadas. Si no penal, ¿le cabe responsabilidad política, aunque se diga ahora “traicionado” por sus subalternos? “No éramos ruedas sueltas, había una jerarquía de mando”, declaró el sargento Ochoa. Con idéntico criterio de cadena de mando acaba de imputar la JEP a 10 miembros de las FARC como “máximos responsables (del secuestro de 144 personas) por su liderazgo y ostentación de mando”.
Agudización de la pobreza, con sus secuelas de hambre y exclusión, resultó de la masiva expropiación de la pequeña propiedad rural en la costa Caribe. En particular, en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que hoy acusan los peores índices de la FAO y la incontenible expansión de la hacienda ganadera. Fueron ellos epicentro del sangriento proyecto político, militar y económico del paramilitarismo y de su brazo desarmado, la parapolítica. Formidable fuerza de apoyo de la ultraderecha que se pavoneaba en el poder del caudillo, parte sustantiva de cuyo ejército hacía la vista gorda ante el despojo y sumaba cifras de “bajas guerrilleras”: de falsos positivos.
El programa Hambre Cero solo alivia si se ejecuta al punto, con subsidios y creación inmediata de empleo juvenil. Atacar sus causas será estrategia de mediano y largo plazo. Sobre falsos positivos, la comentarista Shirley de este diario señala que estamos ante la monstruosidad de un genocidio. Para esclarecerlo pide identificar a sus determinadores: “No queremos venganza ni odio —remata— solo justicia, ya, para mañana es tarde”.
