Bajo el tremendismo de la derecha contra la iniciativa de inversión forzosa en proyectos de desarrollo se adivina su repulsa al Estado dirigista de Carlos Lleras que el modelo Petro evoca; y su defensa de libertades económicas que, salidas de madre, han servido a pocos en la sociedad del privilegio. Bendecidos los banqueros por estos 40 años de liberalización financiera y por las opíparas canonjías que la Carta del 91 les agregó, arremeten contra el Gobierno que propone destinar parte modesta de sus arcas a crédito para renglones de la economía productiva: exportaciones, vivienda, turismo, agricultura, economía popular.
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Claro, sospechan de tal destinación del crédito por venir del poder público, no de la banca, tan dadivosa con los amigos. A Bruce Mac Master la iniciativa le resulta “altamente inconveniente”, “peligrosa”, pues pondría en riesgo el sistema financiero. Y a Efraín Cepeda, jefe conservador. Para la Anif, las medidas derivarían en impuesto a la intermediación financiera. Y el eximio Iván Duque —que las aplicó en su hora—advierte contra el intento de “expropiar” los ahorros de los colombianos. ¿Juegan al pánico económico?
Nuevo impulso cobra la palabra maldita, expropiación, en los meandros del miedo fabricado con propaganda negra, dondequiera que quiso Petro devolverle al Estado iniciativa social y económica. Si en reforma agraria, dicen temer expropiación, por más que aquel ignore la ley que se la permitiera. Si en control de los fondos públicos de salud para frenar desfalcos, dizque expropiación a las EPS, venturosas artífices del mejor sistema de salud en el mundo. Si en reforma pensional, expropiación del ahorro ciudadano para su futuro.
Y el Centro Democrático se desgañita a voces de incautación del patrimonio privado. Hasta cuando se revela propuesta de Álvaro Uribe sobre inversión forzosa del 7 de abril de 2021, cuando invita a “crear un mecanismo de inversión forzosa para aumentar el crédito a micro y pequeñas empresas, como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”. La diferencia, alega su partido ahora, es que Uribe depositaba las decisiones de inversión en el propio sistema financiero, y Petro, en el Gobierno.
Precisamente: es esa la diferencia crucial.
Los fondos de pensiones, verbigracia, ahorro mayor de los colombianos, pertenecen a los grupos Aval y Empresarial Antioqueño. Se manejan como fondos privados y hasta financian negocios particulares de sus dueños. Revela Cuestión Pública que Protección, Porvenir y Skandia invirtieron en 2022 $25 billones en empresas propias y en proyectos cruzados. Protección, del GEA, invirtió $7,1 billones en empresas suyas; y en 2021 se hizo autopréstamos por $8,3 billones. Porvenir, de Aval, invirtió $3,6 billones en firmas de su propiedad. Todo, con el ahorro de los colombianos.
Con la liberalización financiera aumentó 101 % el margen de intermediación (diferencia entre la tasa de captación y la de colocación del crédito). Además, la Carta del 91 le prohibió al Banco de la República financiar al Gobierno y lo obligó a acudir a la banca privada. Esta se enriqueció escandalosamente, con participación en el PIB como no se viera sino en este país. Sus beneficiarios, los tres grandes grupos financieros —GEA, Aval y Davivienda— encabezan hoy la crítica a la propuesta de Petro de destinar un monto razonable de sus bancos a financiar, con seguridad garantizada, proyectos de reactivación y crecimiento de la economía.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se suma a la crítica, pero también al diálogo entablado entre gremios y Gobierno y se muestra dispuesto a conciliar soluciones. Tendrán ellas que responder a un país que exige al menos moderar el apetito expropiador de la derecha.
