Jugando con candela

Como valentones de barrio autoerigidos en caudillos, el presidente electo y el mandatario en funciones sacrifican a su vanidad la estabilidad institucional del país, con riesgo de violencia en esta Colombia tan dada a dirimir a bala las diferencias políticas. Se deslegitiman ellos recíprocamente. Uno, desconoce el resultado electoral certificado alegando fraude sin pruebas y anuncia desobediencia civil habiendo estatuto de oposición; el otro, trata al presidente de criminal-corrupto-golpista-extraditable. Un puñetazo propinado a dos manos contra la democracia y el pluralismo. Peor aún, al delirio de un presidente que parece solazarse en los descalabros de sus arrebatos responde el inmaculado Abelardo con suspensión del empalme “corrupto”. Pide melodramático a los uniformados desobedecer órdenes arbitrarias y, a gobiernos amigos, vigilar la amenaza al orden constitucional.

Mientras el país contiene el aliento, se apertrechan los bandos para la batalla. ADLE anuncia su estrategia de seguridad con renacimiento del Esmad, creación del Bloque de Defensa de Seguridad —que muchos temen pueda reencarnar el paramilitarismo—, ataque a la justicia transicional y libre porte de armas. Cepeda se retracta, no reconoce ya el triunfo del abogado y llama a desobediencia civil. Recurso político en democracias avanzadas que en Colombia, convocada sin previsión de sus alcances, podrá interpretarse como invitación a la alteración del orden, a la rebelión o la anarquía.

La desobediencia civil es un derecho contra la arbitrariedad de una ley; pero se desobedece de manera consciente, reflexiva, pública y pacífica. Opera en sociedades con hondo sentido democrático, donde la ley no se acepta por miedo o por inercia sino como elemento definitorio de civilidad. No se asimila a rebelión o a conspiración, como podría suceder en Colombia, un país de acendrada cultura autoritaria, marcada por pétreas jerarquías y por el uso de la religión como instrumento de opresión política.

Advierte la investigadora Viviana Vargas sobre el riesgo de que el Bloque de Defensa derive en violencia privada, en justicia por mano propia o en la formación de estructuras armadas paralelas a las fuerzas del Estado. En paramilitarismo. Nuestra historia reciente dirá que al desdibujamiento de los límites entre Fuerza Pública y participación organizada de particulares en funciones de seguridad, pueden seguirle captura institucional, infiltración criminal y graves violaciones de derechos humanos. Cualquier propuesta que flexibilice el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza debe estudiarse a la luz del paramilitarismo, una experiencia catastrófica que cobró decenas de miles de vidas, despojó millones de hectáreas a sangre y fuego y laceró la democracia. Hay ya en redes ofertas de entrenamiento para “guerra civil”. Se pregunta la autora si se está construyendo una política de seguridad para fortalecer el Estado o reabriendo espacios que la historia demostró extraordinariamente difíciles de controlar.

En esta confluencia de señores que desde orillas opuestas juegan alegremente con candela, resulta inescapable la consolidación de una izquierda democrática que depure el proyecto de cambio florecido en la última década y que Petro malogró. Defender las instituciones de la democracia; devolver su fortaleza a los partidos; concertar un acuerdo nacional sobre el desarrollo desde la industrialización, la economía productiva y el bienestar social para todos; rediseñar estrategias de paz y seguridad recogiendo con beneficio de inventario el trascendental Acuerdo de Paz de La Habana y su órgano de justicia transicional, la JEP. Son elementos que cabrían en la consolidación de una alternativa a la consigna de Laureano de “hacer invivible la república”, hoy cooptada por una dirigente de la Juco y que funge como enseña de los mentores de la crisis.

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