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Derecha impenitente. Cuando el país anhela finiquitar la norma que permite resolver sin armas el conflicto agrario, causa de la guerra, sale al paso la reacción blandiendo todos sus fierros. La ley de jurisdicción agraria parece desafiar a los que denostaron siempre la reforma agraria redistributiva de López Pumarejo, de los Lleras, del Acuerdo de Paz, que Petro quisiera rescatar. A quienes callaron ante la expropiación sangrienta de fundos en seis millones de hectáreas por el paramilitarismo; callaron ante la contrarreforma agraria que nutrió los diez millones de víctimas de un conflicto atroz.
Atacan ellos la ley ordinaria de jurisdicción agraria, pilar de la reforma integral, que entrega a jueces especializados competencias para resolver conflictos de linderos, servidumbres, uso del suelo y restitución de tierras usurpadas. Pese a estar prescrita en la Constitución y en una ley estatutaria que todos los partidos suscribieron, el latifundismo y líderes de ultraderecha la descalifican como ábrete sésamo de una supuesta expropiación exprés. Y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría traiciona al reformador demócrata que le da su nombre para embestir la jurisdicción dizque por comprometer la independencia de la justicia y la propiedad privada; por poner en riesgo el Estado de derecho, la tenencia y uso de la tierra y porque desembocaría en hambruna, tal como habría sucedido en los países de comunismo comeniños.
Dos problemas envuelve el conflicto en el campo: la reforma agraria y el despojo. Sobre una hegemonía conquistada en cuarenta años de la más cruda violencia contra la población, “refundaron” su patria el paramilitarismo y la parapolítica. Bajo el ala de la guerra y por despojo aumentó la ya escandalosa concentración de la tierra. Se tejió aquella con masacre, asesinato, tortura, desaparición forzada y desplazamiento. Fueron sus beneficiarios los paramilitares, las guerrillas, hacendados, ganaderos, narcotraficantes y empresarios. Pero nada vieron muchos señorones o no quisieron ver o, si vieron, nada dijeron ni hicieron; por pudor, por cobardía o por asociación con los que disparaban. ¿Dónde están hoy?
Medios de la usurpación fueron el desalojo armado, venta de tierra bajo amenaza, estafa, revocación de títulos de reforma agraria, remate por deuda y compra de tierra a gran escala. Informó El Tiempo este domingo que la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia ordenaba a accionistas de Jumbo, Falabella y Homecenter devolver tierras que habían comprado en Córdoba a negociantes con supuestos vínculos con paramilitares. Muestra de lo que jueces probos en una jurisdicción agraria lograrían.
A la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el decoro no le impide llamar las cosas por su nombre. El Gobierno, dice, se propone reconstruir políticas redistributivas en este país de aguda concentración de la tierra, reformar la inequitativa estructura social y agraria para lograr sistemas agroalimentarios justos y sostenibles. En 1961 se lanzó una reforma redistributiva de la tierra y de fomento de la economía campesina. Pero once años después se desmontó en Chicoral, para consolidar una estructura de propiedad excluyente que agudizó el conflicto y “nos ha dejado una de las historias más dolorosas de despojo y acaparamiento en el mundo”. Invita a construir un acuerdo de nación que privilegie el interés común y la paz sobre el acaparamiento y la violencia.
La derecha sabotea el debate parlamentario de la jurisdicción porque abre el camino hacia la siempre frustrada reforma agraria redistributiva en este, el tercer país de mayor concentración de tierra en el orbe que la ficción de expropiación exprés quisiera perpetuar. Afirmó la ministra: si la tierra fue la causa de la guerra, ella debe ser la premisa de la paz.
