La saga de la corrupción

Lo más grave de la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro fue la traición al país que, con el debut de la izquierda en la presidencia, esperaba rigor moral en el manejo de los bienes públicos. Era este otro punto de quiebre hacia la Colombia soñada. Pero no fue así. El Pacto Histórico prolongó la saga de los de siempre, que en su emplazamiento con el “Libro de la Verdad” se cuida este Gobierno de mencionar. Lanza campanas al vuelo para “denunciar” la corrupción atribuible al antecesor y acaso para tender una cortina de ruido sobre el cotarro mayor. Daniel Coronell no encuentra en las 135 páginas una sola prueba o novedad sobre casos conocidos que ya los órganos de control investigan y sí, en cambio, abundante opinión retórica de los ministros. Calla este libro sagazmente sobre la gangrena que corroe la delictiva relación entre Estado y particulares para llenar sus bolsillos con el erario, en acción que a veces incluye criminales, y casi permite afirmar que en Colombia la corrupción es el sistema.

Para Hernando Gómez Buendía la política es corrupta porque se asienta en una sociedad corrupta y premia el rentismo de los ricos, el corporativismo de la clase media y el clientelismo de los pobres. No todos los políticos son corruptos, apunta, pero todos están expuestos “a la dulce tentación de cobrar por sus servicios”. Dígalo, si no, la pléyade de escándalos que, gobierno tras gobierno, ha sacudo al país, y Google recuerda.

Gobierno de Ernesto Samper: el cartel de Cali habría financiado su campaña electoral y dado lugar al Proceso 8.000, letal para el Partido Liberal. En el de Andrés Pastrana se giraron millonarias indemnizaciones sin justificación a Dragacol; y tuvo lugar el desfalco de Foncolpuertos. El de Álvaro Uribe registró el escándalo de Agro Ingreso Seguro: grandes empresarios se apoderaron de subsidios millonarios con destino a campesinos. El proceso de la parapolítica investigó y sancionó a decenas de congresistas y gobernadores implicados en alianza con paramilitares para colonizar franjas del Estado y asegurarse buen éxito electoral. El gobierno de Santos debió cargar con Odebrecht, empresa extranjera que pagó sobornos por once millones de dólares para adjudicarse megaproyectos de vías, como la Ruta del Sol II. En Reficar hubo sobrecostos de 4.000 millones de dólares por trabajos en la refinería de Cartagena. El Carrusel de la Contratación de la alcaldía de Moreno en Bogotá produjo en 2010 un desfalco gigantesco a la ciudad. El MinTIC de Iván Duque perdió 70.000 millones por pólizas falsas adjudicadas a uniones temporales fraudulentas. Y en la UNGRD de Gustavo Petro hubo desvío masivo de recursos públicos en contratos y coimas a congresistas por apoyo legislativo a sus proyectos. Las hermanas Guerrero quedarán como un estigma de ese gobierno.

Botones de muestra que apenas ilustran la dimensión y los tentáculos del monstruo. Revela Transparencia por Colombia que sólo en los seis años que van de 2016 a 2022 se perdieron $ 21.280 billones por corrupción. Que los recursos en riesgo de corrupción asociada a contratos, obras y servicios llegaron a $137,6 billones.

Está visto que a la configuración del monstruo tributan, sin distingos de ideas o partidos, funcionarios públicos, autoridades elegidas en todas las escalas del poder, particulares y hasta grupos armados. No faltarán quienes estén ya preparándose para sacar partido de la tragedia que enluta a Colombia y compromete la acción planificada del Estado: para guerrearse con dolo el negocio de un contrato, para desviar donaciones y recursos destinados a la reconstrucción. Urge trasladar a instituciones del Estado responsabilidades y fondos asignados por graciosa concesión a la bonhomía de un particular. Cuando serpentea la saga de la corrupción, urge formalizar la intervención de los órganos de control y la vigilancia de la sociedad.

Cristinadelatorre.com.co