En la mar de civiles violentados por la Operación Orión de 2002 contra la Comuna 13 de Medellín, cuatro liderezas de la comunidad sobrevivieron para contarlo.
No así Ana Teresa Yarce, que murió acribillada por un sicario en el comedor de su casa mientras apuraba un cigarrillo. 14 años después, testifican ellas al amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en fallo sin precedentes, condena al Estado colombiano por el asesinato de Yarce y por vulnerar derechos de las otras dirigentes. Socorro Mosquera y Mery Naranjo, entre ellas, restauran el cuadro de infierno desatado aquel día de octubre por fuerzas combinadas de Ejército, Policía y paramilitares. Confabulación que avergüenza. La incursión con tanques y bombas y fusiles cobró centenares de encarcelados sin motivo; hubo torturados, desaparecidos enterrados a hurtadillas en La Escombrera —mayor fosa común del mundo— y 4.196 desplazados. Se hablaba de 300 sepultados en aquel camposanto; casi todos, civiles inermes. Uno más entre los 200 cementerios clandestinos que albergan, según autoridades, unos 105.000 NN. Así debutaba el Gobierno de la Seguridad Democrática, Álvaro Uribe en la Presidencia, Luis Pérez en la Alcaldía de Medellín.
Propósito publicitario de la operación, limpiar la zona de milicianos. Propósito enmascarado, recuperar ese territorio en disputa entre Farc-ELN y paramilitares, de inmenso valor estratégico, pues la Comuna es puerta de entrada a la cadena de montañas que abre corredor al tráfico de armas y de drogas hacia Urabá. Al frente de la operación, sobre las famélicas calles de la localidad, se vieron hombres del Bloque Cacique Nutibara (comandado por Don Berna) ataviados de camuflado, pasamontañas y botas pantaneras. Jesús Abad inmortalizó en celuloide la escena. Hombro a hombro con 1.500 uniformados de la Fuerza Pública, desplegaron 800 paramilitares toda su fuerza hasta cantar victoria. Y fue Don Berna quien tomó posesión del territorio recuperado, sin que autoridad alguna dijera esta boca es mía. Antes bien, extendió aquel su poder a Medellín entera, donde instauró su “donbernabilidad”. Declaró el general Gallego, entonces comandante de Policía de la ciudad, que la Operación Orión fue legítima: se desarrolló “por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”.
Apresadas ese día Mosquera y Naranjo por miembros de la Cuarta Brigada, les oyeron a éstos pedir que avisaran “a los primos” que ya llevaban su presa. ¿Quiénes son los primos?, preguntó Mosquera a su compañera. “Son los paramilitares”, repuso la otra. “Querían desaparecernos”, le dijeron a la periodista Diana Durán (El Espectador, enero 14). Pero nos salvó que los familiares siguieron a la patrulla y ésta terminó por entregarnos a la Sijín. Naranjo afirmó que vio morir a su amiga Yarce de cuatro tiros que le disparó un sicario el 6 de octubre de 2006. Cuando quiso dispararme a mí —dijo— “me escondí detrás de un árbol y él salió corriendo (…) Hacia la una de la tarde me llamaron a decirme que en la terminal de San Javier estaban celebrando el asesinato de Teresa (…) Ahí funciona (un) grupo de paramilitares”.
Maria Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos que representó a las víctimas ante la Corte Interamericana, afirmó: “A pesar de que Diego Fernando Murillo alias Don Berna declaró que el Ejército y la Policía actuaron con ellos (en la Operación Orión), las investigaciones no avanzan. (Pero) queremos una investigación integral para llegar a la verdad”. Que se establezca —agregó— la responsabilidad, no sólo de quienes ejecutaron la Operación, sino de quienes la ordenaron desde la cumbre.
En la mar de civiles violentados por la Operación Orión de 2002 contra la Comuna 13 de Medellín, cuatro liderezas de la comunidad sobrevivieron para contarlo.
No así Ana Teresa Yarce, que murió acribillada por un sicario en el comedor de su casa mientras apuraba un cigarrillo. 14 años después, testifican ellas al amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en fallo sin precedentes, condena al Estado colombiano por el asesinato de Yarce y por vulnerar derechos de las otras dirigentes. Socorro Mosquera y Mery Naranjo, entre ellas, restauran el cuadro de infierno desatado aquel día de octubre por fuerzas combinadas de Ejército, Policía y paramilitares. Confabulación que avergüenza. La incursión con tanques y bombas y fusiles cobró centenares de encarcelados sin motivo; hubo torturados, desaparecidos enterrados a hurtadillas en La Escombrera —mayor fosa común del mundo— y 4.196 desplazados. Se hablaba de 300 sepultados en aquel camposanto; casi todos, civiles inermes. Uno más entre los 200 cementerios clandestinos que albergan, según autoridades, unos 105.000 NN. Así debutaba el Gobierno de la Seguridad Democrática, Álvaro Uribe en la Presidencia, Luis Pérez en la Alcaldía de Medellín.
Propósito publicitario de la operación, limpiar la zona de milicianos. Propósito enmascarado, recuperar ese territorio en disputa entre Farc-ELN y paramilitares, de inmenso valor estratégico, pues la Comuna es puerta de entrada a la cadena de montañas que abre corredor al tráfico de armas y de drogas hacia Urabá. Al frente de la operación, sobre las famélicas calles de la localidad, se vieron hombres del Bloque Cacique Nutibara (comandado por Don Berna) ataviados de camuflado, pasamontañas y botas pantaneras. Jesús Abad inmortalizó en celuloide la escena. Hombro a hombro con 1.500 uniformados de la Fuerza Pública, desplegaron 800 paramilitares toda su fuerza hasta cantar victoria. Y fue Don Berna quien tomó posesión del territorio recuperado, sin que autoridad alguna dijera esta boca es mía. Antes bien, extendió aquel su poder a Medellín entera, donde instauró su “donbernabilidad”. Declaró el general Gallego, entonces comandante de Policía de la ciudad, que la Operación Orión fue legítima: se desarrolló “por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”.
Apresadas ese día Mosquera y Naranjo por miembros de la Cuarta Brigada, les oyeron a éstos pedir que avisaran “a los primos” que ya llevaban su presa. ¿Quiénes son los primos?, preguntó Mosquera a su compañera. “Son los paramilitares”, repuso la otra. “Querían desaparecernos”, le dijeron a la periodista Diana Durán (El Espectador, enero 14). Pero nos salvó que los familiares siguieron a la patrulla y ésta terminó por entregarnos a la Sijín. Naranjo afirmó que vio morir a su amiga Yarce de cuatro tiros que le disparó un sicario el 6 de octubre de 2006. Cuando quiso dispararme a mí —dijo— “me escondí detrás de un árbol y él salió corriendo (…) Hacia la una de la tarde me llamaron a decirme que en la terminal de San Javier estaban celebrando el asesinato de Teresa (…) Ahí funciona (un) grupo de paramilitares”.
Maria Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos que representó a las víctimas ante la Corte Interamericana, afirmó: “A pesar de que Diego Fernando Murillo alias Don Berna declaró que el Ejército y la Policía actuaron con ellos (en la Operación Orión), las investigaciones no avanzan. (Pero) queremos una investigación integral para llegar a la verdad”. Que se establezca —agregó— la responsabilidad, no sólo de quienes ejecutaron la Operación, sino de quienes la ordenaron desde la cumbre.