Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.
Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los Sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87 % del empleo.
Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35 %, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2 %, la del sector financiero es 1,5 %. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.
Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.
Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios y con $5.000 los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2 % del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.
Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.
Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.
Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los Sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87 % del empleo.
Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35 %, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2 %, la del sector financiero es 1,5 %. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.
Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.
Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios y con $5.000 los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2 % del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.
Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.