La cantinela de siempre: que los pobres empresarios, almas de Dios, no crean empleo porque los impuestos laborales los devoran.
Entonces el ministro de Hacienda, doctrinante del pensamiento único que se impone contra toda evidencia lógica y práctica, les perdona los parafiscales. La panacea. Dizque la reforma tributaria formalizará un millón de empleos y reducirá la inequidad, cuyos causantes serían los asalariados e independientes. Pero el CESI de Eafit demuestra que sólo se formalizarían 125.000 empleos y que éstos representarían una desproporcionada tajada del PIB, para compensar cuanto los empresarios dejen de cotizar a salud, Sena e ICBF. Sesudas investigaciones de Óscar Rodríguez demuestran que eximir a las empresas de estos impuestos, lejos de abrir puestos de trabajo, sacrifica garantías a los colombianos más vulnerables y agudiza la desigualdad. Así lo corrobora el Observatorio de Empleo del Externado. Ejemplo aleccionador de esta transferencia de ingresos del trabajo al capital, el del Chile de Pinochet, célebre por su villanía. Y el de la “flexibilización laboral” de Álvaro Uribe que, so capa de estimular la creación de empleo, tasajeó los ingresos del trabajador, multiplicó los del patrono y empleo no creó. La nueva propuesta de eliminar parafiscales es otra puñalada contra la política social. Y contra el ingreso del trabajador, pues la protección social es parte del salario indirecto.
Es del crecimiento económico que redistribuye de donde resulta el empleo, apunta Rodríguez. Ingresos decentes se traducen en demanda de bienes que induce a producir: aquellos dinamizan la economía, pues obligan a invertir en industrias y agricultura para satisfacer esa demanda, y conforme se amplía el aparato productivo, surgen puestos de trabajo. Abecé de la teoría de Keynes, que ya no se enseña en ciertas universidades. Ni siquiera en Harvard, donde estudiantes de economía se sumaron a la protesta de los indignados porque hasta la meca de la Academia convertía la ciencia en religión. Pero en el apogeo de la banca, muchos empresarios colombianos prefieren hacer patria (y plata), no en inversión productiva, fuente de trabajo y riqueza, sino en especulación financiera; o se vuelven importadores. Es de temer que, en vez de abrir puestos de trabajo, la gabela de los parafiscales termine circulando en estas esferas. Entre otras razones, porque el modelo económico que rige montó su reino financiero sobre el cadáver de la banca de fomento que no ha mucho empujaba la industrialización.
Con la reforma, la protección social podría quedar desfinanciada, pues lo que el Gobierno cobra como impuesto a las utilidades de las empresas, CREE, no compensa el sacrificio de los parafiscales. Así busque redondear ampliando la base tributaria (ahora se tributaría no desde ingresos de $3,6 millones sino desde $2,4 millones) y cobrando impuesto progresivo. Al primer amago de recesión o de crisis, ni habría de dónde cobrar utilidades, ni el Gobierno se saltaría la regla fiscal que le prohíbe invertir en políticas que no estén previamente financiadas.
Bienvenido el cobro del impuesto progresivo, si se destina a los más pobres. Bienvenido el esfuerzo contra la evasión, en el que se ha lucido Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Pero a los estragos señalados se suman cobardías que indignan: nada contra los contratos de estabilidad fiscal, regalo de billones a grandes empresas. Casi nada contra los privilegios de las multinacionales mineras. Cero contra la evasión de grandes ganaderos y terratenientes. Reforma regresiva por casi todo concepto, pues su efecto fundamental es gravar con menos impuestos a los ricos.
La cantinela de siempre: que los pobres empresarios, almas de Dios, no crean empleo porque los impuestos laborales los devoran.
Entonces el ministro de Hacienda, doctrinante del pensamiento único que se impone contra toda evidencia lógica y práctica, les perdona los parafiscales. La panacea. Dizque la reforma tributaria formalizará un millón de empleos y reducirá la inequidad, cuyos causantes serían los asalariados e independientes. Pero el CESI de Eafit demuestra que sólo se formalizarían 125.000 empleos y que éstos representarían una desproporcionada tajada del PIB, para compensar cuanto los empresarios dejen de cotizar a salud, Sena e ICBF. Sesudas investigaciones de Óscar Rodríguez demuestran que eximir a las empresas de estos impuestos, lejos de abrir puestos de trabajo, sacrifica garantías a los colombianos más vulnerables y agudiza la desigualdad. Así lo corrobora el Observatorio de Empleo del Externado. Ejemplo aleccionador de esta transferencia de ingresos del trabajo al capital, el del Chile de Pinochet, célebre por su villanía. Y el de la “flexibilización laboral” de Álvaro Uribe que, so capa de estimular la creación de empleo, tasajeó los ingresos del trabajador, multiplicó los del patrono y empleo no creó. La nueva propuesta de eliminar parafiscales es otra puñalada contra la política social. Y contra el ingreso del trabajador, pues la protección social es parte del salario indirecto.
Es del crecimiento económico que redistribuye de donde resulta el empleo, apunta Rodríguez. Ingresos decentes se traducen en demanda de bienes que induce a producir: aquellos dinamizan la economía, pues obligan a invertir en industrias y agricultura para satisfacer esa demanda, y conforme se amplía el aparato productivo, surgen puestos de trabajo. Abecé de la teoría de Keynes, que ya no se enseña en ciertas universidades. Ni siquiera en Harvard, donde estudiantes de economía se sumaron a la protesta de los indignados porque hasta la meca de la Academia convertía la ciencia en religión. Pero en el apogeo de la banca, muchos empresarios colombianos prefieren hacer patria (y plata), no en inversión productiva, fuente de trabajo y riqueza, sino en especulación financiera; o se vuelven importadores. Es de temer que, en vez de abrir puestos de trabajo, la gabela de los parafiscales termine circulando en estas esferas. Entre otras razones, porque el modelo económico que rige montó su reino financiero sobre el cadáver de la banca de fomento que no ha mucho empujaba la industrialización.
Con la reforma, la protección social podría quedar desfinanciada, pues lo que el Gobierno cobra como impuesto a las utilidades de las empresas, CREE, no compensa el sacrificio de los parafiscales. Así busque redondear ampliando la base tributaria (ahora se tributaría no desde ingresos de $3,6 millones sino desde $2,4 millones) y cobrando impuesto progresivo. Al primer amago de recesión o de crisis, ni habría de dónde cobrar utilidades, ni el Gobierno se saltaría la regla fiscal que le prohíbe invertir en políticas que no estén previamente financiadas.
Bienvenido el cobro del impuesto progresivo, si se destina a los más pobres. Bienvenido el esfuerzo contra la evasión, en el que se ha lucido Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Pero a los estragos señalados se suman cobardías que indignan: nada contra los contratos de estabilidad fiscal, regalo de billones a grandes empresas. Casi nada contra los privilegios de las multinacionales mineras. Cero contra la evasión de grandes ganaderos y terratenientes. Reforma regresiva por casi todo concepto, pues su efecto fundamental es gravar con menos impuestos a los ricos.